Gesticulación sin consecuencias. El Partido Popular ha plantado esta mañana al Gobierno en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para protestar contra el reparto de menores extranjeros no acompañados, pero el gesto no tendrá consecuencias. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han negado a asistir a la reunión convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para materializar la fórmula que el PSOE pactó con Junts a fin de que se tuviera en cuenta el esfuerzo de acogida que ha hecho hasta ahora Catalunya. Según los cálculos, quedó excluida del reparto, pero acogerá 31 menores de forma voluntaria. El País Vasco queda fuera. Los gobiernos autonómicos del PP han llevado al Tribunal Constitucional el decreto ley que regula el procedimiento y hoy han llevado sus quejas al extremo desoyendo la llamada de la ministra. Como no había cuórum suficiente, el Gobierno se ha visto obligado a no celebrar la reunión. Sí que han asistido los consejeros del ramo de los gobiernos socialistas de Catalunya, Navarra, el País Vasco (en coalición con el PNV) y Castilla-La Mancha, la consejera de las Canarias y el de Ceuta (el único territorio del PP que ha hecho acto de presencia).
“Es un gesto performático, el decreto continúa adelante”, subrayan fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia. “No es un bloqueo real, es una dejación de funciones en el órgano de coordinación”, añaden las mismas voces. “No hemos conseguido que el Partido Popular haya traído una sola propuesta a lo largo de este año y hoy tenemos un colofón definitivo con su ausencia y con esta performance”, ha denunciado Sira Rego a la salida. “Vamos a seguir trabajando, esto no se para aquí”, ha subrayado. “Nos hemos enterado por los medios de comunicación de que no venían, supone una profunda falta de respeto hacia comunidades autónomas que sí se han desplazado hasta aquí”, ha apostillado. Sobre la ofensiva judicial del PP, ha reprochado a los populares que quieran ser “juez y parte” y recuerda que la ley aprobada es una “ley que hay que aplicar”. “Deberán dejar que sea el Poder Judicial el que determine cuál es el resultado de estos recursos. Lo que es inaudito es que en una democracia quien presenta un recurso determine que el recurso le habilita para incumplir una ley”, ha concluido.
¿Cuáles serán los pasos a partir de ahora? La semana que viene, el Consejo de Ministros aprobará el reglamento que detalla la aplicación de la reforma de la ley de extranjería y estipula cuáles serán los procedimientos en concreto. Posteriormente, el 26 de agosto se aprobará el decreto de capacidad ordinaria, con los niños que puede acoger cada sistema y la financiación asociada para que el 28 de agosto el Gobierno esté “en disposición” de comenzar los traslados de los menores a la península. ¿Qué pasará si las comunidades del PP se niegan a acogerlos? La ministra Sira Rego no quiere hacer pronósticos: “Mi obligación en este momento es dar cumplimiento de la ley, habilitar los mecanismos y no adelantar escenarios que no sé en qué términos se darían”.
Mónica Martínez Bravo: “Los datos son incontestables, se debe a ese esfuerzo previo y no a ningún trato de favor”
Por su parte, la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mónica Martínez Bravo, ha reprobado la “profunda insolidaridad e irresponsabilidad” del PP y ha reafirmado el “compromiso” de Catalunya con la solidaridad y con un reparto con “criterios objetivos y comunes para todas las comunidades autónomas”. “Se trata de tender lazos, de apoyar y de tener una visión de Estado en las situaciones de crisis que, tristemente, se pone de manifiesto que el Partido Popular no ha tenido”, ha lamentado. “Se corrobora que hay dos modelos, unas comunidades centradas en buscar las soluciones desde la solidaridad y el compromiso institucional y otras que están más en buscar poner palos en las ruedas, buscar problemas y no aportar ninguna solución”, ha remachado.
Sobre las críticas del PP por el hecho de que Catalunya quede excluida del reparto, aunque acogerá 31 menores voluntariamente, ha recordado que Catalunya es la segunda comunidad autónoma que más menores tiene en acogida: “Los datos son incontestables. […] Se debe a ese esfuerzo previo y no a ningún trato de favor”, ha concluido.