Hubo una época que el Boletín Oficial del Estado se podía leer en catalán. Era un suplemento que se publicaba cada día y que ofrecía la traducción al catalán de todas las leyes que quedaban plasmadas negro sobre blanco en el BOE. Había sido así desde 1998, pero justo mañana hará tres años que dejó de estar disponible. El convenio de colaboración que firmaron originariamente el Gobierno y el Govern de la Generalitat tenía una vigencia de cinco años, pero se fue prorrogando “tácitamente” año a año hasta que el 2 de octubre de 2020 quedó extinguido. Durante unos meses, el Govern asumió los costes en solitario y los textos se siguieron traduciendo hasta que en mayo de 2021, viendo que el nuevo pacto con la Moncloa no llegaba y que el Estado tenía la voluntad de implementar instrumentos de traducción automática, el suplemento en catalán del BOE desapareció. Ahora, un futuro convenio entre el Govern y la Moncloa, que solo está pendiente de la firma del Gobierno para que quede rubricado, tendría que permitir reanudar las traducciones en los próximos meses.

El motivo que explica que en 2020 el convenio original no se renovara automáticamente, como había estado pasando durante dos décadas, radica en una ley que aprobó el PP en 2015 cuando tenía mayoría absoluta: la Ley de régimen jurídico del sector público. Su disposición adicional octava fijó que los convenios que estuvieran en vigor tendrían que adaptarse, en un plazo de tres años a contar desde octubre del 2016, a lo que establecía la nueva norma. Y eso es lo que nunca llegó.

Sin embargo, parece que ahora se avista luz al final de túnel. Y es que el 14 de noviembre de 2023, treinta meses después de la extinción del convenio, el Govern de la Generalitat aprobó la suscripción de un nuevo convenio de colaboración con la Administración General del Estado para reanudar la publicación de normas estatales en lengua catalana. El Consell Executiu autorizó la firma, pero el acuerdo todavía no se ha sellado definitivamente, a la espera de la firma del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, capitaneado por Félix Bolaños. Así lo confirman a ElNacional.cat fuentes del Departament de la Presidència de la Generalitat. El convenio establece que la traducción al catalán irá a cargo de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, pero fija que la Agencia Estatal Boletín Oficial será quien asumirá el coste por un importe máximo anual de 273.000 euros.

 

“Es voluntad de las dos administraciones recuperar la colaboración desarrollada, ya que se mostró como un instrumento útil para difundir y extender el conocimiento de la legislación del Estado mediante la utilización de las otras lenguas que también tienen el carácter de oficiales en las diferentes comunidades autónomas”, reza el cuarto punto del nuevo convenio. Asimismo, los dos gobiernos se comprometen a “adoptar conjuntamente las medidas necesarias” para hacerlo posible y fijan que, manteniendo el procedimiento que se seguía antes, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado facilitará los textos originales en castellano a l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, que será la encargada de traducirlos. Posteriormente, el BOE procederá a “la edición y maquetación” de los textos, que se publicarán con “carácter inmediato”. Sobre el presupuesto, el nuevo convenio también establece que durante el primer año de vigencia los costes “se calcularán aplicando el importe de 0,030 euros por palabra traducida”.

El convenio original, con Pujol en el Govern y Aznar en la Moncloa

Todo se remonta a 1998, cuando el Estado y la Generalitat firmaron el convenio que dio lugar al suplemento del BOE en catalán. Lo que se traducía eran las leyes, los reales decretos ley, los reales decretos legislativos, las transposiciones de las directivas de la Unión Europea y los reglamentos ejecutivos sometidos a consulta del Consejo de Estado. Además, también se publicaron de forma retrospectiva los suplementos del periodo 1979-1997, con la traducción de las leyes no derogadas. El origen fue el Real decreto sobre publicación de las leyes en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas, que establecía nítidamente que las leyes, los reales decretos ley y los reales decretos legislativos “pueden ser publicadas en las otras lenguas oficiales de las diferentes comunidades autónomas” si así lo deciden los órganos competentes.

El convenio inicial lo firmaron el 21 de abril de 1998 el entonces vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez-Casco, y quien en aquel momento era conseller de la Presidencia, Xavier Trias. El Gobierno español lo lideraba José María Aznar desde hacía dos años, mientras que el gobierno catalán llevaba dieciocho años presidido por Jordi Pujol. Entre otras cuestiones, el texto preveía que el coste sería asumido a partes iguales para el BOE y para la Generalitat y establecía que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sería el encargado de traducir los textos y enviarlos al Ministerio de la Presidencia para su “verificación y confrontación”. Posteriormente, el BOE realizaría “con carácter inmediato, la impresión y distribución de las disposiciones traducidas”. Todo este proceso no se podía alargar más de un mes.

Durante el tiempo que estuvo en funcionamiento, el suplemento del BOE en catalán fue mejorando su operativa. El punto de inflexión llegó en 2008. Si en 2007 la media de tiempo entre la aparición del BOE en castellano y el suplemento en catalán se situaba en torno a los tres meses, este lapso de tiempo se redujo a casi ocho días laborables en el 2008. Un año más tarde, pasó a seis días, y en 2008 y en 2009 se situó en torno a los tres días.

 

Los deberes que tenía el Gobierno: aplicar la IA en 2023

Antes de que el Govern de la Generalitat planteara el nuevo convenio, el gobierno español ya se había pronunciado sobre esta cuestión: en febrero de 2022, reconoció que tenía sobre la mesa el uso de la inteligencia artificial para traducir las leyes a las lenguas cooficiales. “La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado está trabajando en un proyecto piloto para aplicar traductores automáticos basados en inteligencia artificial a los textos consolidados”, relataba la Moncloa en una respuesta parlamentaria a Vicenç Vidal, senador de Més Mallorca. El objetivo, según justificaba el Gobierno, era “prestar un servicio más eficiente y útil a los ciudadanos” a través del “acceso al derecho vigente en la lengua de su elección”. Desde entonces, no se ha sabido nada más.

El Gobierno no hizo los deberes. Y eso que el Congreso de los Diputados también se le reclamó. Un mes después de esta respuesta escrita al Senado, la Comisión de Política Territorial de la cámara baja, fruto de una enmienda transaccional negociada entre el PSOE y el PDeCAT, instó al Gobierno a “seguir impulsando los trabajos” para poner en marcha este proyecto piloto. Y le ponía una primera fecha: “Con la finalidad que pueda estar disponible a través de su página web a lo largo del segundo semestre de 2022 y que tenga plena efectividad en 2023”. Ahora bien, más de un año más tarde de aquel plazo, las traducciones continúan aparcadas.