Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares que le ha impuesto el juez Juan Carlos Peinado después de acordar la apertura de juicio oral contra ella por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La defensa de la esposa de Pedro Sánchez presentará recurso contra la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del Estado español y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días. Fuentes de su entorno citadas por EFE subrayan, sin embargo, que la decisión de enviarla a juicio no es susceptible de recurso.
En la causa también están procesados la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, por los mismos hechos, y el empresario Juan Carlos Barrabés, que será juzgado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. Peinado ha acordado que el procedimiento se celebre con tribunal del jurado, una decisión que abre la puerta al inicio de la fase previa al juicio después de meses de investigación sobre las actividades profesionales y empresariales vinculadas al entorno de la mujer del presidente del Gobierno.
Begoña Gómez responde así a la decisión tomada por el juez en un auto de este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que cada parte mantuvo sus argumentos sobre el proceso y las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga. Peinado avala —como en ocasiones anteriores— que los hechos deben ser juzgados por un tribunal de jurado porque habría "conexividad" entre cada uno de los delitos.
La investigación dirigida por Peinado se remonta a abril de 2024 y se ha centrado en diversas actuaciones relacionadas con la cátedra que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, el desarrollo de un software vinculado a este proyecto y las funciones que ejercía su asesora. El magistrado también ha examinado la relación de Gómez con Barrabés, a quien considera que pudo favorecer en procesos de contratación pública. La decisión de Peinado dictada este sábado pone fin a la instrucción tras una espera superior a la prevista, dado que la legislación establece un plazo de tres días desde la celebración de la vista, que tuvo lugar el pasado lunes. En las 84 páginas del auto, el juez expone los argumentos por los que considera que existen suficientes indicios para llevar a juicio a los tres investigados por los delitos que se les atribuyen.Peinado sostiene que Gómez habría utilizado su influencia para captar patrocinadores para la cátedra que codirigía y obtener un beneficio económico personal.