Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido su absolución en la causa por la que será juzgada por un jurado popular por su actuación como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. Gómez defiende que "en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse" y que no se aprovechó de su condición de mujer del jefe del ejecutivo. Begoña Gómez será juzgada por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, por los que Hazte Oír pide 13 años de prisión para ella.
El abogado de Gómez, Jaime Campaner, sostiene en el escrito de defensa que Gómez ya tenía una carrera profesional cuando llegó a la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Manifiesta que, al contrario de lo que afirma el juez Juan Carlos Peinado, no utilizó su trabajo en el centro para impulsar su carrera, sino que dio un paso atrás en la empresa donde trabajaba, que podía conseguir contratos públicos. Igualmente, recuerda que ya colaboraba con la UCM antes de llegar Pedro Sánchez a la Moncloa y apunta que la cátedra no le ha reportado ningún beneficio económico.
En su escrito de defensa, Begoña Gómez asegura que no se "apropió" ni "destinó a usos privados" el software de la Universidad Complutense de Madrid, tal como sostiene la acusación popular liderada por Hazte Oír. Así, manifiesta que no se enriqueció con la plataforma digital en la que se registró el programa financiado por empresas privadas para la cátedra. La defensa sostiene que la plataforma tecnológica siempre estuvo concebida como propiedad exclusiva de la universidad y, de hecho, el equipo informático de esta se hizo cargo en mayo de 2023. Sin embargo, argumenta que no percibió ninguna retribución por dirigir la cátedra extraordinaria, solo por la docencia que impartió con horas de clase en diversas titulaciones propias de la universidad.
En este sentido, Gómez y su defensa indican que ella llevaba años colaborando con la misma UCM, "mucho antes de que su marido accediera a la presidencia del Gobierno". Concretamente, desde el año 2012. Asimismo, la mujer de Sánchez asegura que "no influyó ni ejerció presión moral" al rector de la UCM, Joaquín Goyache, ni al que fue vicerrector Juan Carlos Doadrio, "ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la cátedra extraordinaria que dirigió". Y precisa que se reunió con el rector en la Moncloa porque "la Escuela de Gobierno, como la gran mayoría de dependencias de la universidad, estaba cerrada con ocasión de la COVID-19".
Cristina Álvarez no desatendió sus funciones
En cuanto al uso indebido de fondos públicos que la acusación le atribuye por el uso de su asistente personal, Cristina Álvarez, para gestionar su agenda privada y de la cátedra, Gómez indica que esta "le proporciona la ayuda necesaria para coordinar, organizar y gestionar todas sus funciones, no solo institucionales, sino también familiares, privadas y profesionales". Recalca que "ha sido costumbre que las cónyuges del presidente necesariamente cuenten con personal de apoyo de carácter eventual" para apoyar en todas las actividades que realizan, "tanto de carácter institucional como de naturaleza privada o profesional".
Por lo tanto, defiende que Álvarez sería también inocente del delito de malversación por el que la acusación pide seis años de prisión, ya que "no ha desatendido sus funciones como asistente de la mujer del presidente del Gobierno para auxiliarla en diversas cuestiones relacionadas con la cátedra extraordinaria".
La defensa considera que Gómez no ha cometido ningún delito y pide, por lo tanto, su absolución con todos los pronunciamientos favorables. Sin embargo, piden que se impongan las costas procesales a la acusación popular y a la actora civil "por su temeraria actuación procesal".