Begoña Gómez ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que ha dejado la defensa del que hasta ahora ha sido su abogado, Antonio Camacho. La esposa de Pedro Sánchez ha escogido al letrado Jaime Campaner para que la asista de cara al juicio con jurado popular, en el que se la acusa de tráfico de influencias y malversación. El nuevo abogado de la pareja del presidente del Gobierno ha presentado un escrito ante el juzgado en el que solicita ampliar el plazo para presentar su escrito de defensa en la causa que está pendiente de apertura de juicio oral.
Jaime Campaner, que es especialista en derecho penal y procesal penal, ha salido últimamente en los medios por ocuparse de algunos casos mediáticos. Su proyección se disparará ahora al asumir la defensa de Begoña Gómez. Es uno de los abogados del Barça, que lleva la acusación por administración desleal de unos 5 millones de euros contra el expresidente del club, Josep Maria Bartomeu, presentada por la junta de Joan Laporta en un juzgado de Barcelona. Campaner deslumbró con sus dotes de oratoria y de interrogatorio en la Audiencia Nacional, como defensor de Josep Pujol Ferrusola. También es el defensor del futbolista Rafa Mir, jugador del Elche CF, que ha sido condenado por la Audiència de València a ocho años y medio de prisión por una agresión sexual a una mujer.
Hazte Oír pide 13 años para Hazte Oír
Este mismo lunes, Hazte Oír —que lidera la acusación popular unificada— pidió trece años de prisión para Begoña Gómez y seis para su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y también que Pedro Sánchez declare como testigo en el juicio a su esposa. Concretamente, el pseudosindicato de extrema derecha reclama que a Begoña Gómez le caiga una pena de prisión de dos años de prisión por tráfico de influencias, tres años por un delito de malversación y también ocho años por malversación agravada por la apropiación del software de la Universidad Complutense de Madrid.
El escrito de acusación sostiene que Begoña Gómez se aprovechó de su condición de esposa del presidente del Gobierno para obtener beneficios económicos y profesionales, influyendo sobre el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para crear la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva —de la que fue nombrada directora sin formar parte del personal universitario— y consiguiendo financiación de empresas como Reale Seguros, Telefónica, Indra y Google. También se la acusa de haber utilizado entre 2020 y 2025 a la asesora de Presidencia Cristina Álvarez para tareas privadas vinculadas a la cátedra, desviando así recursos públicos en beneficio propio. De hecho, a Álvarez se la acusa de un delito de malversación de patrimonio público, considerada cooperadora necesaria en cuanto al desvío del software hacia la esfera privada de Gómez. Se le reclaman seis años de prisión y quince años de inhabilitación absoluta.
Hazte Oír también acusa a Begoña Gómez de desviar hacia su esfera privada el software desarrollado con fondos de la cátedra, registrando la marca y el dominio a nombre propio para simular titularidad propia a pesar de que el desarrollo tecnológico lo había sufragado la UCM, y de constituir la sociedad Transforma TSC SL —de la que es administradora y socia única— para explotar este activo.