"Hacer un referéndum es imposible". Como era de prever, el unionismo ha resucitado la frase después de que un tribunal alemán haya descartado posicionarse sobre un hipotético referéndum bávaro. Sin embargo, ¿esta no tramitación es equiparable a Catalunya?, ¿hacer un referéndum es realmente imposible? Más allá de lo que diga la Constitución española –de acuerdo con muchos expertos, el texto podría dar cabida a un acuerdo político–, un repaso a la historia reciente evidencia que el referéndum que según las encuestas defienden más de un 80% de los catalanes no sería, ni mucho menos, una excepción.

En los últimos 70 años se han celebrado más de cincuenta, en buena parte en el marco del proceso de descolonización y la caída de la Unión Soviética, y la mayoría han acabado con un resultado favorable a la separación. Desde finales del siglo XX el número de referéndums ha disminuido, pero en ningún caso han desaparecido del tablero político.

Los más recientes: Escocia, Montenegro y el Quebec

El referéndum escocés es el que pone más claramente en duda el discurso oficialista del Gobierno español. El 18 de septiembre del 2014, después de un acuerdo entre el primer ministro británico, David Cameron, y el primer ministro escocés, Alex Salmond, el país votaba en un referéndum de respuesta clara: “¿Escocia se tendría que convertir en un estado independiente?”. El resultado, un 55,3% de votos en contra, y una participación del 84,6%.

En Montenegro, la votación estaba prevista por la Constitución de la federación entre Serbia y Montenegro. Con un 55,4% de los votos a favor y una participación del 86,49%, Montenegro consiguió superar los dos requisitos que se habían fijado: un mínimo del 50% de participación y un resultado del sí superior al 55%. El referéndum, además, contó con la plena supervisión internacional.

Pero no todos los referéndums han sido acordados. En el caso del Quebec, que parece haber caído expresamente en el olvido unionista, tanto el primer referéndum, en 1980, como el segundo, en 1995, fueron unilaterales pero tolerados por la parte canadiense. Una solución que cada vez más expertos apuntan como la mejor vía para resolver el caso catalán. Los independentistas quebequeses perdieron el primer referéndum por casi 20 puntos porcentuales, mientras que en el segundo el resultado fue mucho más ajustado, con menos de un punto de diferencia.

Los Estados Unidos, también

Puerto Rico ha promovido hasta cuatro referéndums entre la población, todos acordados, para decidir sobre su relación con Estados Unidos: ser un estado más, mantener un estatus de Commonwealth o convertirse en un estado independiente. En el cuarto referéndum, el año 2012, los votantes tenían que escoger si estaban de acuerdo, o no, en mantener la condición política territorial de aquel momento, y en caso de votar en contra podían votar entre las tres opciones: estatalidad, estado libre asociado soberano e independencia. Del 54% de votantes contrarios a la primera pregunta, un 61,11% optaron por la estatalidad.

Unos 350 kilómetros al este de Puerto Rico, el estado caribeño de San Cristóbal y Nieves también vivió un referéndum independentista el año 1998. Los habitantes de Nieves votaron si querían romper con San Cristóbal. Un 62% de los votantes optaron por la separación, pero una de las condiciones para aceptar el resultado era que el sí consiguiera las dos terceras partes de los votos.

Europa y los referéndums

Un repaso en la hemeroteca demuestra que los referéndums en el continente europeo van mucho más allá del conocido caso escocés. Irlanda del Norte, Eslovenia, Ucrania o los países bálticos son solo algunos ejemplos. En el marco de la descolonización, casi todas las colonias francesas en África obtuvieron la independencia en 1960 por la vía de los referéndums. Solo algunas pocas optaron por seguir siendo parte del Estado francés, en virtud de los estatutos del Departamento de Ultramar. Es el caso de Mayotte, en las islas Comores, que de acuerdo con el resultado del referéndum sigue formando parte del Estado francés, a diferencia de las dos islas vecinas.

Por el contrario, algunos estados europeos, como España, se han mostrado históricamente reticentes a estas iniciativas. En el 2003, el gobierno de José Maria Aznar reformó el Código Penal para poder encarcelar al lehendakari Juan José Ibarretxe si finalmente convocaba un referéndum sobre un nuevo estatus político para el País Vasco. Poco después, con la llegada del PSOE al gobierno, la norma se derogó, al mismo tiempo que en Catalunya crecía la corriente partidaria del derecho a decidir.

En el caso alemán, hace pocas semanas se supo que el Tribunal Constitucional no ha admitido a trámite la petición de un ciudadano alemán que pedía al tribunal que se pronunciara sobre si el land de Baviera podía convocar un referéndum de independencia. Aunque no es una sentencia, el tribunal considera así que la Ley Fundamental no contempla esta posibilidad porque impide a los länder separarse de Alemania.

En esta misma línea, una resolución adoptada en abril del 2015 por el Tribunal Constitucional italiano negó al Véneto la posibilidad de organizar un referéndum consultivo sobre la independencia porque considera que la idea de una república independiente y soberana es "radicalmente incompatible con los principios fundamentales de la unidad e indivisibilidad de la República".

Legislación internacional

La legislación internacional es una buena muestra que los referéndums no son, ni mucho menos, una rareza. Desde el 2006 estas convocatorias cuentan con un texto que señala como se tienen que hacer para que el resultado se acepte internacionalmente: el Código de Venecia de buenas prácticas en materia electoral, adoptado por el Consejo de Europa. Según ha trascendido, la ley de transitoriedad jurídica catalana contará con una referencia explícita al código.

Entre otros detalles, el texto aprobado en Venecia prevé que en los referéndums no se fije un porcentaje de participación, para evitar boicots que sean imposibles de distinguir de la abstención. Sobre la pregunta, el código pide que "no induzca al error". Más allá de eso, la ONU también ha reconocido el derecho a la autodeterminación para los territorios sin autogobierno.

La legislación internacional, y más concretamente la europea, está preparada, por lo tanto, para asegurar la celebración de un referéndum plenamente homologable.

El referéndum catalán, en marcha

Según la resolución aprobada en el Parlament durante el último debate de política general, el pasado mes de octubre, el Govern se tiene que encargar de impulsar como muy tarde el mes de septiembre un referéndum vinculante sobre la independencia, bajo el amparo de la ley de transitoriedad jurídica. La resolución también prevé convocar elecciones constituyentes dentro de los seis meses posteriores al referéndum de autodeterminación, en caso de que la opción independentista supere el 50% de los votos.

El comité ejecutivo del Pacte Nacional pel Referèndum, constituido el 23 de diciembre pasado en el Parlament, se puso a trabajar justo después de fiestas con una reunión con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, según han confirmado fuentes del Govern a El Nacional.

Los miembros de este órgano permanente del pacto son el exdirigente del PSC e impulsor de Avancem Joan Ignasi Elena, que será el portavoz; los exdiputados de ICV Jaume Bosch y Francesc Pané; la exconcejala socialista del distrito barcelonés de Ciutat Vella Itziar González; la exconsellera de Ensenyament por CDC Carme Laura Gil; la exdiputada de ERC Carme Porta; la exdiputada del PSC y exalcaldesa de Badalona Maite Arqué, y el periodista Francesc de Dalmases. Con todo, no se ha descartado la ampliación con más miembros. Por ahora, los miembros del pacto han acordado desarrollar el plan de trabajo del pacto y el manifiesto que recibieron el encargo de redactar.