El espionaje con Pegasus, que ha afectado al menos a cuatro diputados en el Congreso, ha generado preocupación entre los grupos parlamentarios. Hasta el punto de que este mediodía se ha producido una reunión de ERC, Junts, el PDeCAT, la CUP, Unidas Podemos, EH Bildu, el BNG, Más País y Compromis con Meritxell Batet. Un encuentro donde los partidos han reclamado una investigación a fondo y que la cámara baja emprenda acciones legales, como hará el Parlament de Catalunya. La presidenta del parlamento español se ha limitado a ofrecer que, quien lo quiera, lleve sus teléfonos móviles a los servicios informáticos para que los revisen y ha sugerido a los diputados espiados que cambien su dispositivo.
El CatalanGate está centrando la sesión del Congreso de esta semana. No en balde, al menos cuatro diputados han sido víctimas de este espionaje. Son Míriam Nogueras (Junts per Catalunya), Ferran Bel (PDeCAT), Albert Botran (CUP) y Jon Iñarritu (EH Bildu), aunque podrían ser más según el centro Citizen Lab, vinculado a la Universidad de Toronto. En este contexto se ha producido la reunión con Batet.
A la salida de la reunión, la cupera Mireia Vehí ha defendido la necesidad de que Batet se ponga en contacto con Citizen Lab para "conocer los detalles" desde el espionaje con Pegasus y así tenga un papel en las investigaciones que lleve a cabo el Congreso. Ha constatado que, a pesar del ofrecimiento de la presidenta de la cámara, hoy sus servicios informáticos "no tienen por qué tener herramientas" para verificar si un dispositivo móvil ha sido infectado.
El Parlamento lo denuncia
Mientras tanto, el Parlament pasa a la ofensiva. La cámara catalana ha aprobado este miércoles, al inicio de la sesión plenaria, una propuesta por la cual se formulará "una denuncia, en nombre del Parlament, ante las autoridades judiciales" en respuesta al CatalanGate, el caso de espionaje que afecta a una sesentena de personalidades vinculadas al movimiento independentista, entre el cual hay 25 personas que son o han sido diputados. El texto, además menciona "el amparo del artículo 259 de la Ley de enjuiciamiento criminal y del resto de normas aplicables", y recuerda que "los hechos que se han evidenciado con relación al programa de espionaje Pegasus podrían ser constitutivos de delito". La petición ha sido aprobada con el voto favorable del PSC, ERC, Junts, la CUP y los Comuns, y se ha hecho incorporándola a la agenda del día esta misma mañana, a pesar de la oposición de Vox, Ciutadans y el Partido Popular.
La apuesta del Parlament de llevar estos hechos a los juzgados llega después de que la Mesa de la cámara catalana lo instara ayer mismo, en su reunión habitual. Y es que el órgano acordó actuar con el fin de defender a los diputados del Parlament llevando una denuncia en los juzgados. La decisión llega después de que la Mesa pidiera a los servicios jurídicos de la Cámara catalana que indicara cuál era la mejor posición que podía tomar el Parlament. Según fuentes parlamentarias, la propuesta ha sido finalmente esta, la de presentar una denuncia al juzgado de guardia. Será este órgano el que decidirá si la queja del Parlament se acumula en las querellas criminales presentadas ya por los diputados afectados, o si se impulsa de forma independiente.