Buscan respuestas. Arran del CatalanGate, Junts ha formulado una batería de preguntas al Gobierno para intentar aclarar todos los aspectos relacionados con el polémico caso de espionaje. La portavoz de los independentistas en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha formulado toda una serie de cuestiones con las cuales pretende descubrir la relación que guarda al ejecutivo español con la polémica destapada este lunes por la revista norteamericana The New Yorker. Hay que recordar que Nogueras está en la lista de 65 víctimas de Pegasus difundida por Citizens Lab.

Mediante un extenso documento, la formación de Carles Puigdemont ha registrado 31 preguntas en el Congreso de los Diputados sobre el escándalo del CatalanGate. Así pues, Junts recuerda que "se trata del espionaje político con el número de víctimas mayor detectado a la historia" y que la empresa israelí Pegasus "tenía como cliente en el Gobierno". "Por otra parte, es sabido que la empresa solo vende este método de espionaje a gobiernos, o a sus agencias de inteligencia, y no a particulares. Segundo la empresa, el objetivo del programa es destinarlo a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo", añade. Y a partir de aquí, toda la serie de cuestiones formuladas.

  • "¿Es consciente el Gobierno de que la jurisdicción competente para investigar estas prácticas delictivas es la del Estado en cuyo territorio ha sido intervenido el dispositivo en cuestión?".
  • "¿Mantiene el Gobierno su aseveración de que España es una democracia llena o consolidada cuando ha quedado demostrado que es un Estado que se dedica a espiar ilegalmente a sus ciudadanos?".
  • "¿Cómo explica que las personas víctimas de espionaje estén, todas ellas, vinculadas con el independentismo? ¿No supone eso uno indicativo de persecución hacia una minoría nacional? No es eso un ejemplo de persecución hacia la disidencia política?".
  • "Entre las víctimas hay abogados que pueden haber visto afectado el derecho de defensa y el deber de secreto profesional, derechos invulnerables en todo estado de derecho. ¿Qué explicación se les dará y cómo se piensa reparar este daño?".
  • "¿Cómo valora el hecho de que la misma Comisión Europea haya calificado de inaceptable el espionaje realizado con Pegasus a ciudadanos de la Unión Europea?".
  • "¿Qué le parece al Gobierno que el portavoz de la comisión, Johannes Bahrke, haya dicho que los Estados tienen que controlar sus servicios de seguridad y tienen el deber de investigar los casos en los cuales no se han respetado los derechos fundamentales de sus ciudadanos? ¿Tiene el Gobierno intención de seguir estas indicaciones?".
  • "¿Tiene o tenía la empresa NSO Group o la empresa vinculada Rayzone Group Ltd conocimiento exhaustivo de para qué iba a ser utilizado el malware Pegasus que suministró?".
  • "¿Le ha sido al estado español revocada en algún momento la licencia de uso por parte de NSO Group?".
  • "¿Ha contratado el Gobierno servicios de la empresa NSO Gropu o de Rayzone Group Ltd. directamente o mediante algunos de los Cuerpos de Seguridad del Estado, del CNI o de algún otro organismo o persona? ¿Con qué costes económicos? ¿En qué fechas?".
  • "¿El ejecutivo actual conoce a partir de qué momento el Gobierno tuvo interés en adquirir, para el estado español, el programa Pegasus o algún otro programa similar como el desarrollado por la empresa Candiru? ¿Tiene constancia el Gobierno del hecho de que se intentó comprar el programa Pegasus hacia finales del 2014, después de la celebración de la consulta del 9-N en Catalunya?".
  • "¿Puede confirmar el Gobierno si el programa Pegasus fue adquirido por la Policía Nacional, dependiendo del Ministerio del Interior, o por el CNI, dependiendo del Ministerio de Defensa, o por algún otro organismo o persona?".
  • "¿Puede el Gobierno mantener, después de todas estas nuevas informaciones, que el Reino de España no dispone, ni ha dispuesto nunca, de los programas Pegasus, Candiru, Quan Dream o Paragon ni de ningún otro tipo de programa de espionaje?".
  • "¿Puede confirmar el Gobierno que el Reino de España no utiliza, ni ha utilizado nunca, los programas Pegasus, Candiru, Quan Dream o Paragon, ni ningún otro tipo de programa de espionaje?".
  • "¿Cuál es la cantidad total gastada por el estado español en espionaje digital contra el independentismo catalán en el marco del nombrado CatalanGate, desde el momento de la adquisición del programa Pegasus, Candiru o similar hasta el momento actual?".
  • "¿Qué cantidades se han gastado bajo el mandato del presidente Pedro Sánchez?".
  • "¿Bajo qué concepto se habrían autorizado estos fondos reservados para realizar espionaje político?".
  • "¿De qué partida presupuestaria ha salido el dinero para pagar la compra y el uso de los programas informáticos de espionaje digital?".
  • "¿Qué instancia estatal ha autorizado este gasto?".
  • "¿Ha tenido conocimiento el Gobierno de las órdenes de pago de estas cantidades?".
  • "¿A partir de qué fundamento constitucional y legal se ha dado el orden de pago de cantidades para espionaje digital de adversarios políticos del Gobierno que representan una opción política legítima?".
  • "¿Qué opina el Gobierno del hecho de que diputados del Congreso y senadores sean espiados? ¿Considera que un estado democrático es justificable que se espíe directa o indirectamente a cargos públicos?".
  • "¿Considera el Gobierno admisible que a partir de una práctica de espionaje ilegal se ponga en riesgo o se vea vulnerado el derecho a la intimidad de un millón y medio ciudadanos? ¿Qué medidas tomará el Gobierno teniendo en cuenta que también hay diputados y/o senadores que han sido objetos de espionaje indirecto mediante de los móviles de los diputados y del senador objeto de la acción inicial de espionaje?".
  • "En caso de negar la autoría del espionaje, el Gobierno se presentará como acusación contra quien sean, inicialmente, implicados"?.
  • "¿Considera el Gobierno legítimo el espionaje al adversario político?".
  • "¿Quién ha estado coqueteando con espías?".
  • "¿Considera el Gobierno que tienen que continuar en sus cargos los actuales ministros de Defensa, Margarita Robles Fernández; Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez; y de la Presidencia, Relaciones con las Corts y Memoria Democrática, Félix Bolaños; o que tienen que seguir el ejemplo de los anteriores ministros Sierra y Garcia Vargas y dimitir de sus cargos?".
  • "¿Las escuchas realizadas a, entre otros, representantes de opciones políticas legítimas, estaban autorizadas judicialmente y eran, por lo tanto, legales, o no contaban con autorización judicial y, por lo tanto, eran ilegales?".
  • "¿En caso de que estuvieran autorizadas judicialmente, en qué motivos se sustentaba el espionaje?".
  • "¿Qué valoración hace el Gobierno del hecho de que el operador que gestiona el programa de espionaje pueda introducir contenidos dentro del terminal de la víctima de espionaje sin que esta pueda demostrar que no tiene nada que ver con los mismos contenidos? ¿Es consciente el Gobierno de la situación de total indefensión en que se deja a las víctimas?".

Nogueras ha pedido que las respuestas a estas preguntas sean escritas. Por su parte, el ejecutivo estatal se ha desentendido del CatalanGate. Así pues, ahora habrá que ver qué dice o deja de decir La Moncloa a estas preguntas mediante las cuales se puede conocer mejor el vínculo entre los diferentes gobiernos españoles de los últimos años y el polémico caso de espionaje destapado tanto por The New Yorker y Citizens Lab.