La expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, habría recibido un sobre con 60.000 € para pagar su campaña electoral para los comicios autonómicos del 2007. Así lo ha declarado el extesorero del PP, Luis Bárcenas, en la Audiencia Nacional durante la sesión de este miércoles del juicio por el caso de financiación irregular del partido, conocido como Caso Púnica, según han informado fuentes jurídicas a varios medios.
Los hechos sucedieron ahora hace trece años en la sede de la calle Gènova, y Bárcenas asegura que el presidente de la constructora Ploder, Luis Gálvez, entregó un sobre con 60.000 € euros en metálico que posteriormente él y el también extesorero Álvaro Lapuerta entregaron al entonces presidenta madrileña ante la presencia del político popular, Francisco Granados.
La supuesta financiación irregular de las campañas electorales de Aguirre
Durante su declaración este miércoles, Bárcenas ha asegurado que no puede presentar ninguna prueba física de la subvención irregular de las campañas electorales del PP en Madrid, uno de los casos que está investigando en estos momentos la justicia española. Bárcenas ha declarado este miércoles en calidad de testigo ante el titular de Jutjat Central de Instrucción número 6, Manuel García Castelló, después de que hace unas semanas entregara un escrito delante de la Fiscalía Anticorrupción en el cual se mostraba dispuesto a colaborar tanto en la pieza relativa a las comisiones finalistas - a cambio de una adjudicación concreta - que se sigue en la macrocausa Púnica.
Así, este miércoles a las 16.00 horas ha arrancado su comparecencia, en qué ha explicado que fue el empresario Luis Galvez quien entregó esta comisión que posteriormente ellos entregaron a Aguirre, según han informado fuentes jurídicas en Europa Press.
El caso Púnica del PP
La macrocausa Púnica tiene varios frentes de investigación abiertos, y la financiación irregular del PP de Madrid, como el presunto caso de los 60.000 € que cobró Aguirre, forma parte de la pieza número 9 de la macrocausa. Precisamente, la expresidenta Aguirre fue imputada en el 2019 por una supuesta implicación en la "supervisión" y "control" en contratos a determinados empresarios a cambio de financiación para el partido.
El juez García Castellón atribuía a la expresidenta madrileña las tareas de supervisión de estos cobros irregulares mientras que el auto señalaba al tesorero local, Beltrán Gutiérrez, el vicepresidente Ignacio González y el consejero Francisco Granados como los ejecutores de las decisiones de Aguirre.