La exalcaldesa de Valencia y senadora independiente, Rita Barberá, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados el próximo 21 de noviembre a las diez y media de la mañana. Declarará en calidad de investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Así lo ha decidido el magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido acogiéndose al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal debido a su aforamiento. El magistrado también ha impuesto una fianza de 3.000 euros al PSOE para que se persone como acusación popular y ha aprovechado para alertar del "serio riesgo de judicialización de la política" que supone que un partido político ejerza de acusación en una causa penal contra una persona que ha militado en un partido contrario.

El pasado 13 de septiembre la Sala de lo Penal del alto tribunal abrió una investigación sobre estos hechos, siguiendo el criterio del Ministerio Público, y designó al que fue fiscal general del Estado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

47 imputados

El Supremo destacó en su resolución que los hechos descritos por el juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez –encargado de la investigación y que envió al alto tribunal la parte de la misma que afecta a la senadora el pasado mes de abril– bastan para proceder a la apertura de investigación para determinar si son delictivos.

En el escrito, el magistrado implica a la senadora por ser "una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros" por el que están imputados todos los concejales, exediles, asesores y exasesores que también realizaron el pago en vísperas de las elecciones del 2015.

En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

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