Francisco Bañeres, fiscal jefe de Catalunya, ha hablado claro, por primera vez, de los presos políticos. Y ha defendido la Fiscalía en su postura de oponerse a los permisos que están pidiendo estos días. Bañeres ha sido muy claro: "No es frecuente en caso de penas largas privativas de libertad propiciar este tipo de beneficios".
El fiscal jefe de Catalunya lo ha dicho en sede parlamentaria, donde hoy presentaba la memoria del año 2018. Su comparecencia, sin embargo, carente de actualidad, ha acabado con la respuesta a los grupos y el fiscal no ha podido esquivar las cuestiones sobre los presos políticos.
Francisco Bañeres ha apuntado hacia la Conselleria de Justícia, que ha permitido 2.300 visitas a los presos antes del juicio. Una cifra que, según Bañeres, "puede alterar el régimen de la prisión". Y también ha criticado a la junta de tratamiento y al juez de vigilancia penitenciaria que tumba los recursos del ministerio público y autoriza los permisos tanto para salir los fines de semana como el 100.2, por el cual Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Carme Forcadell y Jordi Sànchez pueden salir para ir a trabajar, hacer tareas de voluntariado o cuidar de sus familias.
Según Bañeres, "se trata de supuestos delicados y puede llamar la atención y es objeto de atención de los medios, pero el fiscal no tiene otra misión y orden de actuar como actuaría con cualquier acto interno". "Lógicamente, a la hora de tramitar y dar permisos y beneficios o de valorar la perspectiva de adaptación a la vida postdelictiva, se parte de dos aspectos: aceptar que has cometido un delito y, en segundo lugar, pensar que si uno se encuentra en una situación similar el pronóstico sea comportarse de una manera diferente", unos condicionantes que según el fiscal jefe de Catalunya no se han dado.
Francisco Bañeres ha defendido al fiscal de vigilancia penitenciaria que se opone a permiso tras permiso: "El fiscal se ha comportado como se habría comportado con cualquier otro interno". Bañeres también cree que "el más razonable habría sido un tercer grado". Eso sí, en caso de que se hubiera admitido el delito y se hubiera declarado la voluntad de no volver a cometerlo.