La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recurrirá el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas del Gobierno en el Tribunal Constitucional (TC) porque considera que es "injusto, inconstitucional y vulnera competencias autonómicas". Lo ha anunciado este miércoles en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y también a través de un vídeo que ha difundido en las redes sociales en el cual ha asegurado que este impuesto se ha aprobado "a escondidas y de forma autoritaria para hacer daño a Madrid". Ayuso se ha mostrado confiada en que el TC le dará la razón y ha asegurado que creará nuevas medidas para "paliar los daños" provocados por el gobierno de Pedro Sánchez y para que Madrid continúe atrayendo a los inversores.

Ayuso ha criticado que este impuesto de solidaridad es en realidad "un impuesto de patrimonio encubierto", que, a su parecer, va en contra de "el ahorro y la inversión". En este sentido, la presidenta popular ha señalado que otros países como Franca han eliminado el impuesto de patrimonio. Al mismo tiempo, ha cargado contra Sánchez por "copiar las prácticas que han arruinado países como Argentina", en referencia al impuesto a los multimillonarios denominado "aporte extraordinario y solidario" que el país aprobó en 2020 para hacer frente a gastos relacionados con la pandemia de la covid.

Ayuso denuncia que el impuesto "atenta" contra la gestión de las autonomías

Más allá de los argumentos sobre la eficacia de este impuesto, la presidenta madrileña ha denunciado que el Gobierno "se ha saltado el ordenamiento jurídico" con su aprobación y que ha "atentado contra la gestión de las comunidades autónomas en materia financiera". Ha argumentado que la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas reconoce la potestad de las regiones para gestionar los tributos cedidos por el Estado, como es el caso del de Patrimonio, que la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 100% desde el 2008. A pesar de todo, "el nuevo gravamen introducido por el Gobierno impone una cuota nacional para todas las autonomías de régimen común, invadiendo la gestión autonómica en la materia", ha denunciado.

Todavía más, para Ayuso, el nuevo impuesto busca atacar especialmente a Madrid, que a su parecer "es un motor internacional de moda que atrae inversiones que se traducen en más clientes, más compras, más empleo y más prosperidad". Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha decidido recurrir el impuesto porque "vulnera principios básicos recogidos en la Constitución española". A este respecto, ha señalado que "perjudica a unos ciudadanos más que a otros, en función de su lugar de residencia, infringiendo el principio de igualdad, porque su objetivo es, precisamente, dejar sin efecto la bonificación que tienen fijadas regiones como Madrid". Finalmente, Ayuso ha argumentado que "no hay una necesidad recaudatoria real en estos momentos", en contra de lo que "recoge la Constitución española en relación con la arbitrariedad de los poderes públicos".