Los letrados del Parlament no siempre han soplado a favor de las tesis del independentismo. A menudo ha sido al revés, con advertencias sobre determinadas actuaciones que no veían claras. Ahora, sin embargo, cierran filas con el presidente y con los grupos de JxCat, ERC y la CUP en un contundente escrito de alegaciones que ha enviado al Tribunal Constitucional. Los servicios jurídicos del Parlament acusan al alto tribunal de extralimitarse en su persecución contra Roger Torrent y el resto de miembros de la Mesa y solicitan que actúe con más "prudencia" para no "amplificar innecesariamente un conflicto".

El documento, que firma el ex letrado mayor Antoni Bayona, responde a la anulación -previa a la votación en pleno- del apartado de la resolución de respuesta a la sentencia que propusieron las fuerzas independentistas y que expresaba que "los diputados reiteran y reiterarán tantas veces como lo deseen la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya", así como la moción de la CUP en una linia similar. A lo largo de quince páginas, desarrolla un extenso argumentario para hacer ver al Constitucional que su papel en esta legislatura está siendo desproporcionado. Es más, le reprocha que esté todavía anclado en todo lo que sucedió durante el mandato de Puigdemont. Sobre esta cuestión, recuerda que durante el último año y medio, con el gobierno Torra-Aragonès, las únicas iniciativas que se han impulsado se quedan en el terreno meramente declarativo.

Más concretamente, Bayona cuestiona el abuso que el Gobierno y el TC están haciendo del instrumento conocido como incidente de ejecución. Se trata de una figura que va más allá de la simple impugnación de un texto y que lleva asociadas posibles consecuencias penales para sus impulsores. El letrado recuerda que "esta medida está concebida para iniciativas que no sean sólo declarativas, sino que comporten acciones concretas derivadas de la declaración".

El TC ha basado sus últimas actuaciones y requerimientos contra el Parlament en la obligación del presidente Torrent y los miembros de la Mesa de paralizar cualquier iniciativa relacionada con la declaración de soberanía de 2015 -anulada con una sentencia firme del TC- que promovía el ejercicio del derecho de autodeterminación. El escrito de alegaciones invita al alto tribunal a "replantearse esta práctica". "Ciertamente aquella resolución -la de 2015- pretendía ejercer el derecho de autodeterminación, era el inicio de un proceso", afirma Bayona, "pero ahora ya no estamos en ese contexto, sino en uno muy distinto". Y añade que es necesario "discernir entre el componente político y jurídico del conflicto y establecer si detrás de los actos parlamentarios se esconde más la voluntad de mantener vivo un conflicto institucional o bien una verdadera voluntad de desobedecer".

Por todo ello, concluye que "parece exagerado y poco razonable llegar a considerar como un supuesto de incumplimiento que un parlamento pueda expresar una declaración de voluntad política o que la Mesa no impida que se tramite una iniciativa por razones meramente preventivas". Destaca una frase que resume el año y medio de legislatura: "la línea sólo se traspasa con la aprobación de nuevos actos que van más allá de la expresión de posiciones políticas y afirman, inequívocamente, la intención de hacerlas materialmente efectivas en contra de la Constitución. Lo que está haciendo el Parlament en esta legislatura no ha traspasado esta línea roja y el TC lo debería tener en cuenta".

El escrito se ha hecho público en el Boletín Oficial del Parlament este lunes y se presentó el martes pasado.