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El jueves pasado se vivió una jornada caótica en la circulación de trenes en Catalunya. Un sabotaje en la línea de fibra óptica del AVE, que alguien cortó en dos puntos, paralizó 40 trenes y afectó a 13.000 viajeros. El Estado lo ha aprovechado para cargar contra los Mossos d'Esquadra. Tanto el ministro de Justicia, Rafael Català, como el secretario de Estado de Infraestructures, Julio Gómez-Pomar, han apuntado a la falta de diligencia de la policía catalana en la protección de las instalaciones del AVE.

Estas palabras de descrédito las habrá escuchado el juez que tendrá que llevar la investigación del caso, que es quien decidirá si le ayudan los Mossos o bien la Guardia Civil o la Policía española.

Pomar, en un acto en Barcelona, ha recriminado a la policía catalana que Catalunya registre más del 50% de los robos de cobre en las líneas ferroviarias del Estado. Según sus datos, durante el año 2014 se perpetraron 475 robos y en el 2015 ya se cuentan más de 300. Ha insistido en que un servicio tan "importante" como es la alta velocidad "requiere una especial atención" por parte de quien tiene las competencias de seguridad en la comunidad autónoma, en este caso los Mossos.

Fibra y cobre

Pomar no ha explicado qué puede relacionar los robos de hilo de cobre y el sabotaje de la línea de fibra óptica del AVE. La fibra óptica es difícilmente reutilizable y no tiene valor de reventa. Varios técnicos han explicado a El Nacional que, típicamente, los ladrones de cobre cortan por los dos extremos del hilo que se quieren llevarse. Así es como se ha encontrado el cable de fibra óptica del AVE. "Es probable que los ladrones, al ver que era fibra, lo hayan dejado", explica un técnico. "Si es un sabotaje es muy cutre, porque es relativamente fácil empalmar los cables de fibra. Si lo hubiera hecho yo, me hubiera llevado el cable o lo hubiera cortado en más trozos", añade.

El conseller de Interior, Jordi Jané, ha intervenido horas después, sin querer entrar en una "disputa con el Estado". En una comparecencia en la conselleria, fiel a su estilo zen, Jané ha defendido la tarea de los Mossos con datos. "Patrullamos más de 14.000 horas al año estas infraestructuras y hemos rebajado en un 35% los robos en sólo cinco meses", ha replicado.

Desde Interior sospechan que las acusaciones del gobierno español tienen una intención: sacar a los Mossos de la investigación y presionar al juez para que lo encargue a la policía española o a la Guardia Civil. Las sospechas se han confirmado cuando la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de que el caso lo llevaría la Audiencia Nacional, como si se tratara de un atentado terrorista.

Tampoco ha faltado la lectura política de las acusaciones sobre los Mossos y del mismo sabotaje. Gómez-Pomar, preguntado por una televisión estatal sobre los supuestos "motivos políticos del sabotaje", ha dicho: "no me compete hacer esta valoración, el caso está en manos de los investigadoras".

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