34 investigaciones y 50 agentes investigados. A grandes rasgos, este es el resultado de la mayor auditoría que se ha hecho nunca en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra, que anunció el conseller de Interior, Miquel Buch, hace 8 meses y que se ha presentado hoy.

La auditoría se activó después de que se detectaran algunas conductas de posible mala praxis entre los agentes antidisturbios durante las movilizaciones postsentencia de octubre del 2019. Entre estas movilizaciones están la concentración y desalojo del aeropuerto de Barcelona, las manifestaciones y disturbios en las calles del centro de la ciudad y el corte en La Jonquera.

Del 14 al 27 de octubre hubo 877 movilizaciones, en el 81% de las cuales no hubo incidentes. En el resto, 169 casos, sí que hubo vandalismo con quema de contenedores y otras acciones con fuego, o enfrentamientos con la policía mediante el lanzamiento de objetos, agresiones a la línea policial o con la creación de barricadas.

Los hechos de octubre del 2019 y la auditoría anunciada son el pretexto para presentar un informe para reforzar el modelo de orden público. Más allá de revisar la conducta de los agentes, los Mossos han hecho balance y análisis de los últimos 10 años de cómo han gestionado el orden público y han llegado a la conclusión de que hacen falta cambios para reforzar el modelo basado en la distancia.

Hay ocho mejoras que hacer en el modelo de gestión del orden público que se han explicado con detalle. Pero el documento no concluye el resultado de las 34 investigaciones y ni en qué situación están los 50 agentes implicados.

Las ocho propuestas para reforzar el modelo de orden público pasan por tener más herramientas: fortalecer la coordinación entre las unidades de Arro y Brimo, aumentar la capacitación técnica de los servicios especializados en orden público, mejorar el proceso de toma de decisiones, incorporar tecnología versátil, potenciar la gestión negociada de los conflictos, mejorar la coordinación multioperador, promover medidas que favorezcan la estabilidad, la formación y la rotación de los efectivos y rendición de cuentas y transparencia.

La auditoría se ha presentado en una jornada en el complejo central Egara de los Mossos d'Esquadra, presidida por el conseller de Interior, Miquel Buch, quien ha querido destacar el motivo que activa el análisis interno, los incidentes durante las movilizaciones postsentencia de octubre del 2019: "Ante los brotes violentos y los intentos fallidos de mediación, la policía tuvo que actuar. Actuó con aciertos y con errores que se tienen que corregir. Esta auditoría demuestra que frente a los rebrotes, el mismo cuerpo de los Mossos ha actuado para corregirlos".

En el mismo sentido, el director general de la Policia, Pere Ferrer, ha sacado pecho sobre la revisión interna a la que está sometida el cuerpo: "La auditoría quiere ser el inicio de un modesto paso adelante. Un horizonte que tiene que servir para mejorar, porque los problemas que tenemos que atender son nuevos y diferentes. En la policía de la Generalitat siempre se revisan todas las acciones y, si es necesario, se hacen los procedimientos internos".

El toque de atención del síndic

El síndic de greuges, Rafel Ribó, ha cerrado la jornada dando un toque de atención a los Mossos, a quienes ha felicitado por hacer el balance y querer mejorar, pero los ha regañado por no detallar las 34 investigaciones por las 169 manifestaciones violentas. Ribó, con tono aleccionador, ha preguntado qué pasa cuando no funciona la mediación y qué quiere decir exactamente que hacen falta nuevas herramientas. Rafel Ribó quiere saber cuáles son y de qué hablan exactamente los Mossos cuando las piden. Unos extremos que no detalla la auditoría.

También ha pedido que los Mossos tienen que intentar entender a la sociedad, que también estaba perpleja ante los acontecimientos postsentencia y ha apelado a hacer una reflexión sobre el modelo de seguridad pública de Catalunya consensuado con la sociedad y los políticos.

"La seguridad no se puede confundir con el orden público", ha dicho el síndic apelando a un nuevo modelo que sigue apostando por la proximidad y ha pedido: "Hagan una potente política de comunicación. No de propaganda, sino de transparencia. Contribuirá a generar confianza en lo que son ustedes: un servicio público".

"Los Mossos tienen que ser la policía integral de Catalunya", y ha hecho un guiño a la ley de la policía catalana, pendiente todavía. También ha pedido directamente a Buch instrumentos de coordinación con las otras policías y ha criticado que, en los hechos postsentencia, si los Mossos pidieron refuerzos a la policía española, el Govern de la Generalitat tendría que haber vigilado para que no utilizaran las pelotas de goma.

"No hubo suficiente liderazgo político para evitar la violencia", ha soltado Rafel Ribó para cerrar la jornada con toda la cúpula de Interior presente.

El pasado que marca el futuro

Durante la presentación se ha hecho balance de los últimos años que han marcado los cambios en el modelo de orden público, basado en la distancia en la fuerza —manteniendo la distancia con los manifestantes—, y han quedado claro los dos puntos de inflexión que han marcado el papel de los antidisturbios desde hace 10 años con las movilizaciones de estudiantes por el plan Bolonia, las huelgas generales del 2010 y 2011, y los disturbios postsentencia. Según la intendente Sònia Bosch, estos hechos vienen marcados por dos condicionantes: "la intensidad de la violencia y la pérdida de confianza de la ciudadanía en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra".

Can Vies es otro de los puntos de inflexión y que marca a los antidisturbios: "Aquellos episodios fueron calificados como los disturbios de violencia urbana más importantes". Y Bosch ha destacado que el cuerpo de los Mossos se enfrentaba a unos incidentes de gran magnitud sin disponer de pelotas de goma".

Del 2017 al 2019, según los Mossos, hay una desafección de la ciudadanía, pero cuatro actos marcan un toque de atención de una posible reaparición de grupos con capacidad para llevar a cabo actos violentos. Entre ellos están los relacionados con el movimiento independentista en las movilizaciones ante la Delegación del Gobierno contra la detención de Carles Puigdemont, o el Consejo de Ministros que se hizo en la Llotja de Mar.

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