Faltan piezas para encajar, pero el espionaje al independentismo catalán se desnuda con más pruebas. En el caso Tsunami Democràtic, la Audiencia Nacional también se plateó intervenir el móvil del director de la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, en el 2020, cuando ya lo tenía infectado, según demostró la investigación de CatalanGate del centro canadiense Citizen Lab, en el 2021. Al final, el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, descartó la intervención y la instalación de un software remoto y telemático" en el móvil de Alay, en un escrito del 15 de junio de 2020, justamente cinco meses antes que fuera detenido por orden de un juez de Barcelona por el caso Volhov. El fiscal sí que validó que la Guardia Civil siguiera el control de otras personas que impulsaban el Consell per la República, como el diputado de Junts, Joan Canadell, entonces presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Alay sostiene que su móvil fue infectado entre el 2019 y el 2020, fechas en los que también fue perseguido por las calles de Ginebra, según explicó recientemente a un juez de Barcelona que investiga su espionaje con Pegasus por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o cuerpos policiales españoles, como hace tiempo que denuncia a su abogado, Gonzalo Boye, también espiado.
Móvil vaciado en el caso Volhov
Sea como sea, el titular del juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha vestido las 12 imputaciones finales del caso Tsunami Democràtic con el vaciado del móvil de Alay, que autorizó el juez de Barcelona del caso Volhov.
En concreto, en agosto del 2019, el juez Joaquín Aguirre abrió una pieza separada del caso Diputación (sobre supuestas subvenciones irregulares), para descubrir a los promotores de Tsunami y la financiación del independentismo, a raíz de un audio que tenía guardado en su móvil el excargo de CDC, Víctor Tarradellas, investigado en el caso Diputación. La Guardia Civil le pidió la intervención de móviles, pero no el de Alay. Finalmente, Alay fue detenido con una veintena de personas más, a finales de octubre de 2020, momento en que se le sacó el móvil, todavía no devuelto, y se le hizo uno volcado de todo lo que contenía. Y, en junio de 2021, el juez de la Audiencia Nacional reclamó a su homólogo de Barcelona, que le pasara todo el expediente de ocho investigados, incluido Alay. El noviembre pasado el juez García-Castellón dictó las imputaciones de Tsunami, y el único excluido de los provenientes de Volhov es el exdirigente convergente, David Madí, también exculpado en otras piezas.
Pocos indicios
"No procede la intervención de la línea de que es usuario Josep Lluís Alay porque los datos indiciarios acumulados hasta el momento no resultan suficientes para la adopción de una medida de gravedad como la que se solicita, sin perjuicio de lo que pueda resultar más adelante", escribe el fiscal en la resolución del 15 de junio de 2020, que consta en el sumario del caso Tsunami Democràtic al cual ha tenido acceso ElNacional.cat. En la causa de Tsunami, el juez nunca aprobó el seguimiento de Alay y no se detallan en ninguna parte estos indicios que apunta la Fiscalía. Solo hay conversaciones donde sale el nombre de Alay. Nada más.
Queda pendiente de aclarar si el seguimiento al director del president Puigdemont se autorizó por el juez del Tribunal Supremo de control del CNI, durante cuánto de tiempo y para que, como exige en su caso al president Pere Aragonès, que ha reclamado al Consejo de Ministros levante el secreto de esta investigación, de la cual trascendió que habría afectado a unas 18 personas.
Acusación débil
Los investigados de Tsunami Democràtic son acusados a partir de conversaciones que mantuvieron en aplicaciones de mensajería, como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, con el exconseller de ERC, Xavier Vendrell. En el caso del president Puigdemont, la imputación de terrorismo se sustenta en una conversación de Alay con Rovira, en la cual se deduce que se encontrarán en Ginebra, en agosto de 2019, y los promotores de Tsunami le habrían presentado el proyecto, centrado en hacer grandes manifestaciones.
El fiscal Carballo, que ha pedido el seguimiento a independentistas durante años, ahora considera que el caso Tsunami no encaja en un delito de terrorismo, sino como muchos en desórdenes públicos.