La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha inadmitido las querellas interpuestas por Vox y por la Asociación movimiento 24DOS contra la jueza belga que citó al juez del Supremo Pablo Llarena en la demanda civil contra él en Bélgica y también una segunda querella contra el abogado Gonzalo Boye, el president Carles Puigdemont y los consellers en el exilio.
Vox ―que ejerce la acusación popular en la causa del procés― se había querellado por los delitos de rebelión (y alternativamente sedición), contra la paz y la independencia del Estado, prevaricación judicial, usurpación de funciones, falso testimonio, falsedad documental y estafa procesal). La jueza entiende que la justicia española no es competente para tramitar estas querellas, que afectan a una causa abierta a Bélgica.
El pasado 28 de agosto, el partido ultraderechista Vox ―que ejerce acusación popular en la causa del procés― presentó una querella contra la jueza belga que citó a Llarena y, días después, la amplió contra el abogado Gonzalo Boye, Carles Puigdemont y los cuatro consellers en el exilio por la traducción errónea de las declaraciones de Llarena que se habían incorporado a la demanda civil contra el juez del Supremo.
Según Vox, la jueza belga, el letrado Gonzalo Boye, el president Puigdemont y los consellers habrían cometido delitos de rebelión (o alternativamente sedición) y contra la paz y la independencia del Estado, falsedad documental y estafa procesal, falso testimonio y prevaricación judicial.
Falta de competencia
En el auto, la jueza descarta que la jurisdicción española sea competente para entrar a examinar la actuación de la jueza belga. La magistrada aprovecha para decir que, siguiendo el mismo argumento, el juzgado belga no tendría que entrar a "revisar" las actuaciones del Tribunal Supremo.
Además, Tardón también considera que la actuación de Puigdemont y los consellers en este caso de la demanda en Bélgica no puede "configurar ni remotamente" los supuestos necesarios para investigarlos por rebelión, sedición o por un delito contra la paz y la independencia del Estado. "Ninguno de los hechos que se les atribuyen en las querellas pueden tener un encaje en alguna de las conductas objetivas que castigan los preceptos pronunciados", recoge el auto.
Sin embargo, la magistrada sí señala que existe una "evidente intención" de Puigdemont y el resto de consellers que han impulsado la demanda civil contra Llarena de querer "desacreditar" las actuaciones del juez instructor. Además, asegura que es una estrategia para "rehuir y, en suma, defraudar los instrumentos y garantías que establece el ordenamiento jurídico español".
El error de traducción
Las querellas de Vox también incluían delitos de falsedad documental o de falso testimonio por una traducción incorrecta de unas declaraciones de Llarena que los líderes independentistas incluyeron en la demanda civil ante la justicia belga. Tardón considera que sí hay "alteración de la traducción" para "tergiversar" las palabras de Llarena y que eso sería competencia de la Audiencia Nacional (delito de falsedad documental).
Ahora bien, reconoce que ―por ley― estos delitos sólo se pueden perseguir en España previa interposición de una querella por parte del afectado o del ministerio fiscal. En cambio, la fiscalía ya descartó la existencia de un "dolo directo" porque la traducción se rectificó.