La Audiencia Nacional ha iniciado los trámites habituales tras recibir una denuncia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, en relación con el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas. El juez central de instrucción número 6, Antonio Piña, ha incoado diligencias previas y ha trasladado el escrito a la Fiscalía para que informe sobre si el tribunal es competente y sobre el recorrido jurídico de la denuncia. La incoación de diligencias previas es un paso automático que se produce tras la recepción de una denuncia y no supone, en este momento, la apertura de una investigación penal ni la atribución de responsabilidades. La actuación del juez consiste en registrar el procedimiento y pedir la opinión del Ministerio Público antes de decidir si el caso puede ser admitido a trámite.
La denuncia ha sido presentada por la asociación Libertad y Justicia y atribuye a Puente y a otras personas presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación. Sin embargo, el ministro está aforado, por lo que solo podría ser investigado por el Tribunal Supremo, una circunstancia clave que condiciona la competencia de la Audiencia Nacional.
Por este motivo, diversas fuentes jurídicas apuntan que las diligencias difícilmente podrían derivar en una causa penal dentro de este tribunal, ya que la Audiencia Nacional no puede investigar directamente a un miembro del gobierno español con aforamiento. La decisión final dependerá del informe que emita la Fiscalía, que deberá pronunciarse tanto sobre la competencia como sobre la viabilidad de la denuncia.
La investigación del accidente de Adamuz
Paralelamente, el caso del accidente de Adamuz ya está siendo investigado por un juzgado de instrucción de Montoro, en la provincia de Córdoba. En este procedimiento se han presentado varias denuncias y solicitudes de personación, principalmente dirigidas contra cargos y responsables de Adif. Aparte de la investigación penal abierta en el juzgado de instrucción de Montoro, la CIAF está elaborando un informe técnico sobre las causas del accidente. Según las primeras conclusiones, la hipótesis principal se centra en la fractura de un carril junto a una soldadura aluminotérmica justo antes del paso del tren Iryo, instalada durante las obras de renovación de la línea.
Por su parte, la actuación del juez Piña sigue el mismo esquema procesal aplicado en otras denuncias presentadas recientemente en la Audiencia Nacional, en las que el tribunal se ha limitado a registrar el escrito y solicitar informe a la Fiscalía antes de resolver sobre su admisión.