La Audiencia Nacional ha archivado la recusación de Josep Lluís Alay contra el juez de Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón —que investiga el papel del movimiento en los disturbios posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes independentistas el otoño del 2019—. En una providencia, la Sala de lo Penal advierte defectos formales en el escrito presentado por el abogado de el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.

La Sala apunta que "el escrito de recusación presentado en relación con una causa o procedimiento penal, ha de necesariamente, por exigencia legal, para poder ser admitido, venir firmado por el letrado y por el procurador". "Y en concreto, en este caso, por lo que corresponda de los que figuran en el poder especial acompañado con el escrito de recusación", añade. Así, la Audiencia Nacional explica que como "estos defectos formales no constan subsanados tiene que permanecer el expediente en la situación de archivo provisional en la cual se encuentra".

 

Recusaciones pendientes contra el juez García Castellón

El mismo juez ya se ventiló su propia recusación, presentada por el editor y director general del grupo de cultura y comunicación SOMOS, Oriol Solé —uno de los doce investigados en la causa—. Hoy por hoy, queda pendiente de resolver el recurso presentado por el consejero de Òmnium Cultural Oleguer Serra. Por su parte, Alay pidió en noviembre apartar García Castellón por haber posicionado contra la amnistía y se sumó a Solé y Serra, que ya habían presentado recusaciones contra el magistrado del caso.

"Yo únicamente como ciudadano puedo decir dos cosas: una, que en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y sin embargo no es posible; y dos, estos señores (los líderes independentistas) han dicho que cuándo puedan volverán a repetirlo, por lo tanto, ¿será esta amnistía la primera de muchas otras cosas después?", dijo García Castellón en un foro de Ourense, en referencia a la amnistía. Boye recordó en la recusación que esta ley de amnistía, "dado el caso, podrá ser de aplicación al procedimiento de que el magistrado viene instruyendo por espacio de cuatro años y que, a la vista de sus manifestaciones, rechaza de plano". "Rechazo que, evidentemente, apunta al interés del magistrado por el presente procedimiento y su terminación hasta el punto de llegar a comparar una futura ley de amnistía con la esclavitud. Sin embargo, es más, el mismo magistrado es conocedor que no puede pronunciarse sobre este asunto", aseguró el abogado de Alay.

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