La Audiencia Nacional ha aceptado investigar el rescate de la aerolínea Plus Ultra, así como el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países. Según ha informado el tribunal este martes, el juez José Luis Calama ha asumido la competencia para instruir la causa sobre el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el gobierno español concedió a la compañía durante la pandemia, en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones.
En la resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba el caso, y que la semana pasada se inhibió a favor de la Audiencia Nacional. Calama investigará el caso como titular de la Plaza 2, donde se instruye la causa, después de que el juez Ismael Moreno se abstuviera en 2024. Entonces, Calama rechazó una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso, al entender que no era competente. En cambio, derivó la denuncia al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que fue quien investigó el rescate y lo acabó archivando.
Presunta organización criminal
La jueza de Plaza de Castilla, que decidió inhibirse, fue la que ordenó en diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el director ejecutivo, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, este juzgado había investigado los hechos denunciados por Anticorrupción. La Fiscalía había enunciado "el uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, asegurando que el dinero "se habría usado para la devolución de préstamos concedidos a esta sociedad por otras de la supuesta trama delictiva".
Presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, en la denuncia se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España. La constituirían —explicaba la Audiencia Nacional en un auto al que tuvo acceso Europa Press— "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y estaría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados".
Així funcionaria l'organització
Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de "muy alta cuantía", concretamente de "fondos públicos de programas CLAP", impulsados por el gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y "ventas de oro del Banco de Venezuela". "La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal", sostenía.
Anticorrupción refería las "conexiones" de la supuesta organización criminal con "clientes que se sirven de los servicios de esta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente". La denuncia incidía en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objeto de adquirir bienes inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra, que fueron íntegramente reembolsados. También mencionaba la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los préstamos, la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá y que para las actividades de blanqueo "se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo".