Togas contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Cinco asociaciones de jueces y fiscales han convocado un paro de 10 minutos este miércoles a las 12 del mediodía delante las sedes judiciales para expresar su propuesta a la reforma de la carrera judicial y fiscal que impulsa el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños. La reforma del Poder Judicial se plantea con el objetivo de modernizar el acceso a las carreras judiciales y fiscal, modificando las oposiciones actuales y hacer más transparente la formación por parte de los preparadores. También se impulsa la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, que se ha de completar con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que dará a la Fiscalía la instrucción de las causas penales, como tienen gran parte de los países  europeos. Precisamente, la sala de gobierno del Tribunal Supremo, este martes, también ha cuestionado la reforma de acceso a las carreras judicial y fiscal. Además, ha criticado la nueva LO 1/2025, de medidas de eficiencia del servicio público de Justicia, que tiene que empezar a implantarse el 1 de julio, porque no resuelve sus carencias, como "la mejora retributiva de sus letrados". El alto tribunal español ha enviado su comunicado al Consejo General del Poder Judicial a fin de que lo traslade "al Gobierno y a las Cortes Generales". El Congreso de los Diputados tiene que debatir la reforma de la carrera judicial este jueves.

Las asociaciones convocantes son: la Asociación Profesional de la Magistratura (conservadora y mayoritaria), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, así como la Asociación de Fiscales (también conservadora y mayoritaria) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Por el contrario, se han desmarcado las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, y también la asociación Ágora Judicial. Esta concentración es la segunda de jueces y fiscales contra el gobierno del PSOE, aunque en este caso se puede alegar que implica directamente a su profesión. De forma insólita, en noviembre de 2023, jueces con togas se concentraron en las puertas de edificios judiciales contra la ley de amnistía del procés, que ya ha cumplido un año en vigor.

La "mayor" convocatoria de plazas

En concreto, jueces y fiscales sostienen que es "una reforma sin consenso, ni garantías y sin respetar el mérito". Los juristas también consideran que el Gobierno del PSOE "no respeta la independencia judicial ni la separación de poderes". Y el lema de algunos de los convocantes es: "Defiende tu carrera, defiende la Democracia". Las asociaciones afirman que hay que respetar el sistema de oposiciones abiertas actuales, ya que es igualitario, y algunas cuestionan que se amplíen las plazas del cuarto turno, que son plazas de jueces  que se otorgan a abogados y juristas con acreditada experiencia.

En este sentido, el ministro Bolaños ha informado este lunes que  "gracias a la reforma, este año habrá la mayor convocatoria de plazas de jueces y fiscales de la historia: 480. 360 de oposición y 120 de concurso-oposición". Además, añade el compromiso de repetirlo el 2026 y 2027 y obtener "casi 1.500 nuevas plazas en tres años", y paralelo,  al "proceso de regularización" de los jueces sustitutos.

Preocupación del Supremo

En su comunicado, la sala de gobierno del Supremo manifiesta: "La preocupación específica por la ausencia de toda novedad sobre estos aspectos, esenciales para el buen funcionamiento del Tribunal Supremo, se une a la más general y actual sobre la propuesta de nueva ordenación del acceso a la carrera judicial y respecto de la manera de resolver la situación de jueces sustitutos y magistrados suplentes. No puede ser ajeno al Tribunal Supremo la extendida inquietud que han creado porque tiene que ver con las condiciones de ejercicio de la potestad con juzgar y hacer ejecutar el juzgado sobre la cual está llamado a pronunciarse en último término."

Además, la sala de gobierno del Supremo afirma que "ratifica" las palabras de su presidenta y del CGPJ, Isabel Perelló, en el acto de entrega de despachos a la última promoción de la carrera judicial, el enero pasado en Barcelona: 'el vigente modelo de acceso a la carrera judicial garantiza la objetividad y la transparencia en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional para el ejercicio de la función jurisdiccional. El acceso a la judicatura no precisa de reformas especiales, sino de medidas de apoyo, como las becas, para preparar el proceso selectivo.'

Y concluye: "Siendo necesario adecuar la planta judicial a la media europea, de la cual estamos lejos, la imprescindible creación sostenida de plazas para conseguirlo no puede prescindir del rigor en la selección de los cuales vayan a cubrirlas por medio de procedimientos coherentes con la Constitución. Eso es, que se resuelvan únicamente conformemente a criterios de mérito y capacidad en condiciones de igualdad, como los ya existentes, acreditados por una larga experiencia."

 

En la foto principal, el rey Felipe VI con la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en la entregada de despachos a los nuevos jueces, el enero pasado en el Auditorio del Fòrum de Barcelona. / Foto: Montse Giralt