La Comisión de Venecia continúa su ruta por Madrid para estudiar la proposición de ley de amnistía con el objetivo de elaborar el informe que le solicitó el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Después de verse por la mañana con el ministro Félix Bolaños y con la Comisión de Justicia del Congreso, este jueves por la tarde se ha reunido primero con el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, acompañado de los vocales José Antonio Ballestero y Mar Cabrejas, y después con las cuatro asociaciones judiciales. Las conservadoras han coincidido en expresar su oposición frontal a la ley de amnistía: la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha alegado que “afecta la independencia judicial y conculca el principio de igualdad y la separación de poderes” e “introduce delitos que no deberían estar”, como el terrorismo o la malversación, y la Asociación Profesional de la Magistratura ha argumentado que “carece de causa relacionada realmente con el interés general” e incluye “figuras graves” que “colisionan con aspectos básicos esenciales del ordenamiento comunitario”.
En un encuentro breve, cada asociación ha podido intervenir durante cinco minutos para expresar su opinión sobre la amnistía y, al mismo tiempo, compartir inquietudes o preocupaciones como jueces. Los representantes de la Comisión de Venecia se han limitado a tomar notas sin hacer ninguna pregunta a los asistentes. Han asistido Celso Rodríguez (de la Asociación Profesional de la Magistratura y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid), Benjamín Sánchez (del secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia), Carmen Gámiz (de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria) y Victoria Muñoz (vicepresidenta del Foro Judicial Independiente).
Desde Juezas y Jueces por la Democracia, Benjamín Sánchez ha subrayado la importancia de que la Comisión de Venecia “tome conocimiento desde el terreno de cuál es la situación en España” y ha trasladado “un mensaje positivo de cara a las instituciones, que son fuertes” y la convicción en “el buen hacer de los tribunales españoles”. Ahora bien, desde la asociación progresista no se han querido posicionar sobre la amnistía: “De cara a respetar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entendemos que la separación de poderes implica que nosotros no nos posicionamos ni a favor ni en contra, ni haremos valoraciones de una proposición de ley que ni siquiera ha sido aprobada y que, a día de hoy, no sabemos si se aprobará o qué contenido acabará teniendo”, ha reconocido. Sin embargo, sí que ha reprobado que el CGPJ hiciera un comunicado sobre la amnistía cuando “no tenía potestad” para hacerlo, “con carácter previo” y cuando el contenido no se conocía.
Por su parte, el Foro Judicial Independiente, que no se adscribe a una ideología conservadora ni progresista, ha relatado en Twitter que ha expresado a la Comisión de Venecia su “preocupación” por la amnistía argumentando que “vulnera el principio de igualdad y cuestiona la actuación de los jueces”. Además, ha pedido el apoyo de la Comisión para “conseguir el reconocimiento del Poder Judicial como contrapeso del Poder Legislativo y Ejecutivo” y ha puesto de relieve que el papel y las decisiones del Judicial “deben ser respetados”.
Finalmente, en un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura (la mayoritaria) ha acusado a los partidos independentistas y al PSOE de estar “debilitando” la democracia, “trasladando a la sociedad un mensaje demoledor y minando la credibilidad y el respeto que el Poder Judicial merece como uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho”.
Lawfare, críticas a los jueces y renovación del CGPJ
Durante el encuentro, también se han abordado las comisiones de investigación que aprobó el Congreso de los Diputados. Además, sobre las críticas a los jueces, Carmen Gámiz ha expresado en la salida de la reunión que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de la Magistratura y el Foro Judicial Independiente no están conformes con “este tipo de descalificaciones y ataques personalizados a los jueces con nombres y apellidos que afectan a la independencia y a la calma con el cual un magistrado tiene que resolver un asunto cuando lo tiene sobre la mesa y está todavía en fase de instrucción”.
La APM denuncia que se trata de un “ataque sin precedentes al Poder Judicial, un grave deterioro del estado de derecho y un cúmulo inaceptable de ataques a la independencia judicial y al principio de separación de poderes que no se pueden tolerar bajo ninguna excusa ni concepto”. Por su parte, Benjamín Sánchez ha criticado “una serie de actuaciones muy discutibles” del CGPJ, como otorgar unos amparos (a Manuel García-Castellón) y no otros (a José Ricardo de Prada) “ante los mismos ataques”, una actuación que ha catalogado de “discriminatoria con respecto a algunos jueces”.
Además, también se ha puesto sobre la mesa la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Carmen Gámiz ha relatado que “puntualmente” se ha tratado la “necesidad de reformar antes de renovar” el CGPJ y Benjamín Sánchez ha expresado “la anomalía” que se está viviendo con el CGPJ caducado y ha vuelto a exhortar a renovarlo porque “es un mandato que dice la Constitución” que el PP hace cinco años que incumple.
Reuniones con el fiscal general y con el presidente del TC
Mañana, viernes 9 de febrero, la delegación de la Comisión de Venecia se reunirá con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y con expertos constitucionales en la sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.