Los fiscales españoles piden la intervención de la Comisión Europea para parar la amnistía que exige Carles Puigdemont para facilitar la investidura del presidente español. La Asociación de Fiscales, que se autodefine como la asociación profesional mayoritaria de la carrera fiscal, ha hecho llegar una carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en que le solicita que inste al reino de España a que se abstenga de promover una ley de amnistía, con el argumento que pone "en situación de grave riesgo el estado de derecho". Pide, además, que, en caso de que persista en su intención, se aplique al Estado español las medidas de restricción del acceso al presupuesto de la UE que se activaron para sancionar a Polonia y Hungría cuando impulsaron medidas contrarias a los principios de la Unión.

 

En la carta los fiscales le informan al comisario de Justicia de la UE de que en el marco de las negociaciones para la investidura del próximo presidente español, Junts per Catalunya y su líder Carles Puigdemont exigen "una amnistía para todas las personas, incluido él mismo, que hayan sido enjuiciadas y condenadas o los procedimientos de los cuales se encuentren en tramitación" por hechos vinculados al referéndum del 1-O. Explican que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha rechazado la exigencia, pero no así el candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

Separación de poderes

La Asociación de Fiscales advierte a la Comisión Europea que en caso de aprobarse esta medida pondría en grave riesgo el Estado de derecho por "ser contraria a los principios de separación de poderes y de independencia judicial y, por lo tanto, por romper algunos de los valores esenciales de la Unión Europea".

“Con la concesión de la amnistía se desapodera a los jueces de la facultad para perseguir y enjuiciar delitos, y para ejecutar las penas impuestas. Se trata, sin duda, de una injerencia de un poder del Estado (el poder legislativo) sobre las competencias de otro poder del Estado (el poder judicial), lo cual requiere de una expresa habilitación constitucional”, argumenta el texto, en el que se recuerda que las Cortes rechazaron expresamente incluir la amnistía en la Constitución como potestad del gobierno, y que se atribuyó expresamente al Rey, con la prohibición de indultos generales.

Por esta razón, piden que en caso de que el Gobierno persista en la voluntad en impulsar esta ley se inicie un procedimiento contra España por "la existencia de un riesgo claro de violación por parte del estado español de los valores contemplados en el artículo 2 de los Tratado de la UE", sobre la igualdad de los 27 estados a la hora de cumplir los preceptos en que se basa la Unión.

Finalmente, proponen que se valore aplicar a España la penalización que articuló la UE para sancionar a Hungría y Polonia, ante las iniciativas ajenas a los principios de los tratados europeos, limitando su acceso a los presupuestos de la UE.