La ONG Artículo 19 ha condenado la represión policial del referéndum del 1 de octubre, donde "se hizo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra los ciudadanos". En su informe, Artículo 19, pide a los gobiernos catalán y español que investiguen "inmediatamente" de forma "imparcial y exhaustiva" los incidentes "para garantizar que no vuelvan a pasar". Recuerda también que el referéndum fue declarado inconstitucional.
Al repasar la represión (donde cita los incidentes en el instituto Ramon Llull de Barcelona o en el municipio de Aiguaviva), la ONG concluye que "las acciones de la policías el domingo pasado en Catalunya eran peligrosas, excesivas y desproporcionadas, y no son compatibles con el derecho internacional". Además, critica que las autoridades "no reconocieran que la no intervención puede ser el enfoque más adecuado cuando otras opciones implican el uso de la violencia".
La proporcionalidad es uno de los argumentos con que el gobierno español y la Fiscalía justifican las brutalidades cometidas el 1 de octubre en numerosos puntos de votación y colegios electorales.
Artículo 19 pincha el razonamiento. De acuerdo con el derecho internacional, explica el informe de la ONG, las operaciones legales para limitar la libertad de expresión y asamblea tienen que cumplir un triple requisito: legalidad, objetivo legítimo, y necesidad y proporcionalidad. Artículo 19 pone en duda que la acción de las policías españolas cumpla el segundo y tercero criterios.
Minimizar daños
Además, "según el derecho internacional, los estados tienen el deber positivo de diseñar operaciones de aplicación de la ley de manera que se minimice el riesgo de daños a los ciudadanos".
Menciona tres: la resistencia violenta de los manifestantes nunca tendría que ser supuesta de antemano; la excepcionalidad del recurso a las unidades antidisturbios, "ya que tienen un potencial significativo para aumentar el enfrentamiento", y nunca utilizar violencia contra manifestantes pacíficos. Ninguna de estas condiciones se cumplió el 1 de octubre, según el informe.
Artículo 19 recuerda que "el despliegue de antidisturbios contra manifestantes pacíficos es peligroso e injustificado", porque el papel de las fuerzas policiales en las manifestaciones "es proteger y facilitar el derecho a la protesta, no confrontar ni intimidar a los manifestantes".
Para la ONG, "los acontecimientos del pasado domingo [día 1] se añaden a una lista creciente de restricciones a estos derechos y a la tensión política en Catalunya". Pide también "estricto respecto de los derechos humanos como paso necesario para encontrar una solución al conflicto político".
Artículo 19 es una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. Su nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, donde se proclama la libertad de expresión. Hace campañas para proteger el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación y la diversidad de opinión.