Arnau Fernández Pasalodos (Barcelona, 1995) es doctor en Historia Contemporánea y autor del libro ¿Mató tu bisabuelo al mío? (Editorial Crítica, 2026). Forma parte de la última generación a la que el Estado español le ofrece la posibilidad de buscar justicia para los familiares que fueron víctimas del franquismo. Después de ellos, nadie más podrá: sus hijos —si en el futuro los tiene—, ya no. Esto, que va en contra de los principios europeos que defienden que los crímenes de guerra y contra la humanidad no prescriben, se le tolera en España en el marco de la UE. Su abuelo, de la CNT, fue asesinado por fuerzas franquistas en la puerta de casa en 1948. Aparte de hacer investigación historiográfica, ha conseguido declarar ante un tribunal español para aportar documentos sobre la muerte de su abuelo Manolo. Confía en que en un futuro haya una resolución estableciendo la verdad judicial sobre un asesinato que asegura que le duele. En su libro recoge otros testimonios de bisnietos y bisnietas de víctimas del franquismo. Son los últimos ciudadanos que, de acuerdo con la ley de memoria democrática de 2022 del "gobierno más progresista de la historia", tendrán derecho a reivindicar la memoria de sus familiares represaliados y solicitar la intervención del Estado para recuperar sus restos. Fernández Pasalodos es actualmente investigador postdoctoral en la Universidad de Granada y antes de este último libro, había publicado Hasta su total exterminio. La guerra antipartisana en España (1936-1952), sobre la represión contra los maquis. Su investigación ha sido distinguida con varios galardones. La obra de Fernández Pasalodos pone el dedo en la llaga de asuntos de la guerra civil española cerrados en falso.
Las leyes de recuperación de la memoria histórica en el Estado español han establecido un límite a la hora de recuperar esta memoria. ¿Es lógico este límite? ¿Por qué el legislador ha decidido ponerlo?
Hay un artículo de la ley de memoria democrática de 2022 que establece que la cuarta generación de la víctima es la última que tiene derecho a solicitar, por ejemplo, una ayuda pública para abrir una fosa. Esto es muy importante. Porque el Estado español no está obligado a facilitar estos recursos por caridad. Está obligado por el derecho internacional. Tiene la obligación de facilitar recursos económicos, información y herramientas para que la ciudadanía pueda buscar a las víctimas del franquismo, porque estamos hablando de víctimas de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra. Nos encontramos ante una contradicción muy grave. Tenemos un Estado español con un gobierno que desde hace años se presenta como "el gobierno más progresista de la historia", un gobierno que aprueba, en coalición con Sumar, una nueva ley de memoria en el año 2022 y que, al mismo tiempo, introduce un límite que, en mi opinión, se carga directamente el derecho internacional. Porque el derecho internacional es muy claro: la condición de víctima de un crimen contra la humanidad no prescribe.
¿Por qué crees que lo han hecho?
Yo creo que es porque al PSOE la memoria le molesta. Las fosas comunes y la memoria no hacen ganar votos. Tengo la sensación de que, con esta ley, lo que se buscaba era ponerle un límite. Evidentemente, esto es una opinión personal. No es una conclusión académica ni una argumentación jurídica. Porque hay cuestiones de las que nunca se ha querido hablar en el Estado español. El expolio económico, el expolio patrimonial, las casas, los terrenos y las empresas que pasaron de manos de familias represaliadas a manos de personas vinculadas al régimen. Todavía hoy hay descendientes que siguen siendo propietarios de aquellos patrimonios. ¿Qué hacemos con esto? Porque esto es un problema enorme. Por eso tengo la sensación de que la ley de memoria es, en buena parte, una ley de maquillaje. Una ley para tranquilizar a las personas que nos sentimos vinculadas a estas cuestiones, muchas de las cuales trabajamos profesionalmente, pero que en realidad no resuelve los problemas de fondo. Y estos problemas siguen ahí: la desmemoria, la falta de rendición de cuentas, la falta de justicia real para las víctimas y también para los beneficiarios de la represión. Al final, tengo la sensación de que aquellos que deberían estar más interesados en abordar estas cuestiones, que son las izquierdas, simplemente han dejado de querer hacerlo.
En Catalunya hay quien reclama la creación de una oficina específica de atención a los familiares de las víctimas. ¿Crees que sigue siendo una asignatura pendiente?
Creo que aquí hay una carencia importante. Falta sensibilidad para entender que esto duele. Tanto si hablamos de Catalunya como de Andalucía o del Estado español. Esto duele. Evidentemente, quien más ha sufrido es la víctima directa. Pero el dolor no desaparece del todo. Hay una violencia que tú no has vivido personalmente, pero que de alguna manera heredas. Y eso también duele. A mí me pasa. Me duele desde mi posición de bisnieto de Manolo. Y me duele cuando pienso en otras familias. Por sensibilidad, por empatía, porque estamos hablando de gente que pasó hambre, que sufrió represión y que perdió familiares. Y muchas veces te encuentras con que no existe un espacio donde puedas ir y hablar con una persona. No con un formulario, no con un buzón electrónico, no con un correo automático. Con una persona. Y no hace falta que aquella persona me abrace ni me pida perdón por lo que le pasó a mi bisabuelo. No es eso. Eso ya lo haremos entre nosotros, entre personas que compartimos esta sensibilidad. Pero sí que necesito una cierta humanidad. Una cierta empatía. Que alguien entienda que detrás de un expediente, detrás de una consulta, detrás de una petición de información, hay una familia y hay una historia de dolor. Y esto de lo que estamos hablando me parece muy importante. No sé si la palabra adecuada es "denunciarlo", pero como mínimo tenemos que hablar de ello. Porque es una parte del problema de la que casi nunca se habla.
Además, a veces parece que remover estas cuestiones también molesta...
Sí, y eso es algo que también me duele. Al final hablamos de esto porque nos sentimos vinculados a estas historias. Hablamos con otras personas que también están vinculadas, investigamos, queremos entender qué pasó. Pero muchas veces, cuando sales de estos círculos, te encuentras con que hay gente a quien esto le molesta. Y a mí esto me cuesta de entender. Porque yo pienso que si una persona de derechas, o un votante de Vox, me dijera que su abuelo fue asesinado en Paracuellos, por poner el ejemplo más habitual, yo querría exactamente lo mismo para él que para mí. Me gustaría que pudiera recuperar los restos de su familiar, que pudiera darle una sepultura digna, que supiera dónde está enterrado y que tuviera acceso a toda la documentación posible. Obviamente, si aquella persona era un fascista convencido yo no compartiré sus ideas. Pero una cosa son las ideas y otra es el derecho de las familias a saber qué pasó con sus muertos. A mí esto me parece absolutamente normal. Y, sinceramente, creo que a menudo falta esta misma empatía hacia el otro lado.
También es verdad que hay mucho desconocimiento. La mayoría de la gente no sabe qué hicieron sus abuelos o bisabuelos...
Este es un tema muy interesante. Porque es verdad que existe una exaltación política del franquismo. Vox es el principal articulador hoy en día. Pero al mismo tiempo existe una ausencia casi total de los descendientes de los represores en el espacio público. Y esto es algo que a mí me interpela mucho como historiador. Este libro ha sido una aventura muy personal, pero profesionalmente yo no soy un historiador de las víctimas. Mi campo de estudio habitual son los verdugos. Yo hace años que investigo la Guardia Civil de los años cuarenta y cincuenta. Por eso una de las cosas que más me interesaba era intentar hablar con familias de descendientes de represores. Quería saber cómo funciona su memoria familiar.
¿Y lo has conseguido?
No mucho. Y precisamente eso todavía me interesa más. Mira, te pondré un ejemplo muy personal. Yo presenté el libro en Barbastro. Mi bisabuelo era de Peraltilla, que está muy cerca, y allí la gente se conoce toda. Durante aquella presentación supe que descendientes de Marcelino García Gracia, uno de los guardias civiles que participaron en el asesinato de mi bisabuelo, habían descubierto aquella historia gracias al libro. No lo sabían. Y a mí me encantaría poder hablar con aquella familia. Pero no para señalarlos, ni para reprocharles nada, ni para decirles que son responsables de lo que hizo su abuelo. Eso me parece absurdo. Ellos no son culpables de nada. Lo que me interesa es entender qué pasa cuando descubres que una persona de tu familia participó en un asesinato político. ¿Cómo encajas esta información? ¿Cómo reconstruyes la memoria familiar? ¿Cómo cambias la imagen que tenías de aquella persona? Estas preguntas me parecen humanamente y académicamente fascinantes.
Pero no has conseguido hablar con ellos.
No. Lo he intentado con esta familia y también con otras familias de represores. Y casi siempre he topado con el mismo muro. Entonces te haces preguntas. ¿Por qué no quieren hablar? ¿Por qué este silencio? ¿Por qué en España prácticamente no existe un debate público sobre los descendientes de los verdugos? Porque si miras otros países, esto sí que ha pasado. En Argentina o en Chile, cuando acaban las dictaduras y empiezan los procesos democráticos, aparecen asociaciones de hijos e hijas de represores. Personas que quieren entender qué hicieron sus padres o sus abuelos y que, a menudo, quieren marcar una distancia pública con aquel pasado. En España esto prácticamente no existe. Y yo me pregunto por qué. ¿Es porque todavía existe una identificación política con aquel pasado? ¿Es porque hay familias que continúan considerando justificables aquellas actuaciones? ¿Es porque hay un miedo muy profundo a remover determinadas memorias? No lo sé.
Ahora estamos en un momento de elecciones. Ya hemos hablado de lo que ha hecho el que se presenta como el gobierno más progresista de la historia. Situémonos en un escenario de victoria de las derechas y de la extrema derecha. ¿Qué pasos atrás crees que veremos en materia de memoria?
Hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de Santiago Abascal. Lo digo porque, visto cómo está el panorama, quizás dentro de unos meses será vicepresidente del gobierno. Si analizas sus discursos, ves que en muchas cuestiones económicas y sociales hay sobre todo eslóganes. Hay mucha consigna y poca propuesta concreta. Pero hay dos ámbitos en los que sí que hay una construcción ideológica bastante elaborada: el género y la memoria. Yo no soy politólogo, pero me interesa mucho el estudio de las extremas derechas. Leo mucho sobre estos movimientos y acostumbro a seguir los discursos de Vox. Y siempre me ha llamado la atención que, mientras que en cuestiones económicas hay muy poca sustancia, en materia de memoria sí que hay un proyecto claro. Y este proyecto pasa, en primer lugar, por derogar la ley de memoria democrática de 2022. No es una especulación. Es lo que ya han hecho o han intentado hacer allí donde gobiernan con el PP. Ha pasado en Aragón y está pasando en Andalucía. Aquí en Andalucía hay una propuesta que prácticamente ya está preparada para ser aprobada en el Parlamento. Es la llamada Ley de Concordia.
¿Qué implica exactamente esta Ley de Concordia?
Yo creo que el nombre ya nos dice muchas cosas. La palabra "concordia", o "reconciliación", implica una idea de equivalencia. Implica decir que todas las partes son iguales. Que todos tienen la misma responsabilidad. Que víctimas y verdugos ocupan un mismo plano moral. Y esto es profundamente problemático. Porque, al final, lo que acaba transmitiendo es que los golpistas de julio de 1936 son tan responsables del conflicto como sus víctimas. Que todos fueron igualmente culpables. Que aquí todo el mundo hizo barbaridades y que, por lo tanto, no tiene sentido distinguir entre represores y represaliados. Este discurso no es nuevo. Es, en buena parte, el discurso franquista. Es la idea de que "todos fueron malos", o que "todos fueron buenos", o que la República era un desastre y, por lo tanto, alguien se vio obligado a intervenir. Y yo creo que es exactamente esta lógica la que reaparece detrás de estas leyes.
Y más allá del relato, ¿qué consecuencias prácticas tiene?
Tiene muchas. La más inmediata es que desaparecen las políticas públicas de búsqueda de víctimas. La ley andaluza de concordia, tal como está planteada, no recoge partidas presupuestarias para seguir buscando desaparecidos del franquismo. No prevé el mismo nivel de intervención pública que las leyes de memoria. Y eso es muy grave. Porque no estamos hablando simplemente de una opción política más. No es una cuestión de preferencias ideológicas. Estamos hablando de obligaciones derivadas del derecho internacional. Y aquí hay una cuestión que a mí me preocupa especialmente. ¿Qué está haciendo la Unión Europea ante esto? Porque la Unión Europea se presenta constantemente como un espacio comprometido con los derechos humanos, con la memoria democrática y con las garantías jurídicas internacionales. Es una parte central de su relato político. Pero al mismo tiempo permite que dentro de su propio marco institucional haya gobiernos que impulsan políticas que, en mi opinión, van en dirección contraria. Y eso es una contradicción enorme. Porque si una administración autonómica aprueba una norma que dificulta o impide la búsqueda de víctimas de crímenes contra la humanidad, estamos entrando en un terreno que va mucho más allá del debate partidista. No es una discusión entre derechas e izquierdas. No es una cuestión de si tú votas una opción o otra. Estamos hablando de principios jurídicos que Europa afirma defender desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Núremberg. Estamos hablando de los principios que se establecieron después de los juicios a los criminales nazis. Estamos hablando de un consenso internacional que dice que los crímenes contra la humanidad tienen unas obligaciones específicas de verdad, justicia y reparación. Y es eso lo que yo creo que nos estamos jugando.
¿Tú personalmente tienes miedo de lo que pueda pasar si este escenario se materializa?
Sí. Y no lo digo desde una perspectiva abstracta. Yo he trabajado en proyectos europeos. Ahora mismo vuelvo a una universidad pública. Mi salario es público. Mi investigación depende de recursos públicos. Y el libro mismo es un buen ejemplo de ello. Muchos de los que trabajamos en estos ámbitos dependemos de estructuras públicas. Historiadores, arqueólogos, antropólogos, sociólogos... Hacemos un trabajo que es público en dos sentidos. Es público porque lo financia dinero público y es público porque está orientado a la sociedad. Nosotros no trabajamos en un laboratorio cerrado al mundo. Trabajamos de cara a la ciudadanía. Y sí, me preocupa que desaparezcan las condiciones que hacen posible este trabajo. Porque yo he podido investigar la Guerra Civil gracias a recursos públicos. Sin estos recursos no estaría haciendo esta entrevista ni habría escrito este libro. Y esto es algo que a veces se olvida. Nadie del Banco Santander vendrá a darme una beca para estudiar la represión franquista. Esto no funciona así. La investigación sobre estas cuestiones existe porque hay instituciones públicas que la financian. Y esto también tiene consecuencias en otras profesiones, como el periodismo. A mí me preocupa mucho lo que pueda pasar con el periodismo. Porque ya vemos algunas actitudes preocupantes. Lo hemos visto con Vox intentando condicionar entrevistas, estableciendo requisitos que son incompatibles con la práctica periodística normal. Cuando un partido pretende controlar las condiciones en que se publica una entrevista o reclama derechos sobre los contenidos generados por los informadores, entra en una dinámica muy peligrosa. Puede parecer anecdótico, pero no lo es. Es una manera de entender la relación con los medios. Y esto me preocupa mucho. Porque historiadores, periodistas, antropólogos, sociólogos... todos trabajamos en el espacio público. Y tengo la sensación de que hay sectores políticos que no solo quieren discutir aquello que hacemos, sino que directamente quieren desmantelar los espacios desde los cuales lo hacemos. Y aquí la universidad pública es un ejemplo evidente. Yo creo que vienen con ganas de cargarse muchas cosas que hasta ahora habíamos dado por garantizadas.
Y esto también afecta a la investigación a largo plazo.
Totalmente. Investigación seguirá habiendo. La pregunta es qué investigación. Porque recursos para estudiar determinadas cuestiones seguramente seguirá habiendo. Para investigar la Reconquista, o según qué historia nacionalista y glorificadora, probablemente habrá dinero. ¿Pero libros como este? ¿Investigaciones sobre represión franquista? ¿Trabajos sobre fosas comunes? Eso ya lo veremos. Y yo lo digo muy claro: este libro lo he podido escribir porque he tenido un contrato de investigación público, financiado por el Estado y por la Unión Europea. Sin eso, yo no podría haber hecho este trabajo. Antes de dedicarme a la universidad trabajaba en IKEA. Y lo digo siempre porque es la verdad. Yo soy historiador porque las instituciones públicas han hecho posible que lo sea. Si no, probablemente seguiría trabajando en IKEA. Y lo digo con todo el respeto del mundo hacia la gente que trabaja allí. Pero no podría dedicarme a investigar. Por eso me preocupa tanto lo que pueda pasar si desaparecen determinadas políticas públicas. Porque al final lo que está en juego no es solo la memoria. También es la capacidad de producir conocimiento sobre esta memoria.
Para acabar, y ya sé que es una pregunta muy amplia, ¿cuál sería para ti el modelo ideal de una política pública de memoria? ¿Cuáles serían las prioridades de un estado que realmente quisiera afrontar este pasado?
Es una pregunta muy buena. Quizás no te haría un decálogo, pero sí que te diría dos cosas que para mí son fundamentales. La primera es la justicia. Creo que el Estado español da vergüenza en materia de justicia transicional. Lo dice mucha gente antes que yo y lo seguirán diciendo después. Pero es que es así. Y si me permites lo explicaré a partir de mi propia historia familiar, porque creo que se entiende muy bien. Mi bisabuelo, Manolo, fue asesinado en el año 1948. Mi abuela creció sin padre. Le matan al padre y, al cabo de pocos años, también perdió a la madre. Se queda prácticamente sola. Siendo una niña muy pequeña ya trabajaba en casas de familias con más recursos porque no tenía alternativa. Mi madre, que es la siguiente generación, tampoco pudo ir a la universidad. No porque no tuviera capacidad o no tuviera ganas. No pudo ir porque mi familia era pobre. Y aquí es donde la represión tiene consecuencias que duran décadas. Mi madre acaba los estudios básicos y se pone a trabajar. Como tantas otras familias de vencidos de la guerra y de la posguerra. Ahora bien, cuando miras qué pasó con muchas familias de represores, la historia es otra. Los hijos y los nietos de quienes ganaron la guerra acceden a la universidad, hacen carrera militar, ocupan cargos públicos, acumulan patrimonio. Y aquí hay una diferencia enorme de capital económico y cultural. Esto es una consecuencia directa de una injusticia que nunca se ha corregido.
Y durante la Transición no se corrige.
Exacto. Llega la Transición. Llegan gobiernos socialistas. Llegan décadas de democracia. Pero no hay una auténtica rendición de cuentas. Y mientras tanto los responsables de la represión van muriendo. Mueren tranquilamente en la cama. Mueren después de haber criado a sus hijos, después de haber consolidado sus carreras profesionales, después de haber disfrutado de una vida normal. Y yo pienso en mi abuela. Pienso en una mujer que murió sin recuperar el cuerpo de su padre. Pienso en mi madre, que nunca pudo pisar la universidad. Y pienso también en los asesinos de mi bisabuelo, Agustín Serna y Marcelino García. Murieron tranquilamente. No rindieron cuentas ante ningún tribunal. Y eso es lo contrario de la justicia.
Por lo tanto, ¿qué se puede hacer todavía hoy?
Más de lo que mucha gente se piensa. Yo creo que la justicia sigue siendo una herramienta fundamental. Hace aproximadamente un año fui a declarar ante la Fiscalía de Granada por el caso de mi bisabuelo. Lo explico en el último capítulo del libro. Y fue uno de los días más importantes de mi vida. Lo digo sin exagerar. Salí de allí llorando. Temblaba.
¿Qué representaba para ti aquel momento?
Representaba poder decir oficialmente algo que para mí es muy importante. Poder mirar a una representante del Estado y explicarle que, según la documentación que existe, Manolo fue asesinado. Y poder poner nombres. Poder decir que los responsables materiales fueron Marcelino García Gracia y Agustín Serna Royo. No es una opinión mía. No es una historia familiar. Es algo que está documentado. Y ahora hay una investigación abierta en la Fiscalía de Huesca que puede acabar produciendo algo que para mí es muy importante. No una sentencia, porque no puede haber sentencia. Tanto las víctimas como los verdugos están muertos. Pero sí una verdad judicial.
¿Qué quieres decir con una verdad judicial?
Quiero decir que haya una resolución pública, firmada por instituciones del Estado, que diga claramente qué pasó. Que haya una fiscalía o un juzgado que establezca que el señor Manuel fue asesinado por motivos políticos. Que se reconozca oficialmente. Que se reconozca también quiénes fueron los autores. Porque esto tiene un valor enorme. No para que alguien acabe en la cárcel. Eso ya es imposible. No para que alguien sea castigado penalmente. Sino para que el Estado, por fin, te mire a los ojos y te diga: "Sí. Esto pasó." Y esto es muy reparador.
Es una cuestión de dignidad.
Exactamente. Dignidad. Cuando salí de la fiscalía abracé a la fiscal. Lloraba. Y le di las gracias. Le dije: "Gracias por estos veinte minutos de dignidad." Porque es eso. Mi abuela ya no está. Ya no lo podrá ver. Pero al menos lo podemos ver nosotros. Al menos podemos sentir que el Estado reconoce aquello que pasó. Y esto es una parte muy importante de la reparación.
¿Y si la primera prioridad es la justicia, cuál sería la segunda?
Las fosas. Sin ninguna duda. Localizarlas. Abrirlas. Identificar a las personas. Devolverlas a las familias siempre que sea posible. Por una cuestión de dignidad. Y vuelvo al terreno personal porque es inevitable. Mi bisabuelo continúa en una fosa común. Yo conseguí localizar el lugar donde estaba enterrado. Fui al cementerio de Huesca. Pero cuando llego descubro que encima de la fosa común se han construido nichos de hormigón. Yo ya sé que probablemente no recuperaré nunca sus restos. Pero me gustaría que otras familias sí que lo puedan hacer. Porque las fosas comunes son la última victoria de los asesinos. Mi bisabuelo hace casi ochenta años que está enterrado en un lugar que no escogió. Lo enterraron donde quisieron sus verdugos. Esto es terrible. Y muchas veces no pensamos lo suficiente en la dimensión humana de esto. ¿Tú te imaginas pasar ochenta años enterrado en un lugar que no has elegido, sin ninguna identificación, sin que tu familia sepa exactamente dónde estás? Esto es lo que han vivido miles de familias. Y esto es lo que todavía intentamos reparar.