La Moncloa sabe que los funcionarios catalanes son una pieza fundamental en la hoja de ruta independentista y confía en que no sucumban a las presiones del Govern ante el referéndum. Por eso, ve importante recordar que la primera obligación de un empleado público es la "lealtad" a la Constitución y que su incumplimiento puede llevar a incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales.

Así se recoge en uno de los argumentarios internos que maneja la Moncloa, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se incluyen también algunas pautas de defensa jurídica que pueden seguir en caso de recibir órdenes de dudosa legalidad por parte del Govern de Carles Puigdemont.

El ejecutivo del PP confía en que los funcionarios no se arriesgarán a posibles sanciones y a ser apartados de un puesto que han conseguido gracias a una oposición. El pasado viernes, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, fue preguntado expresamente por el papel que esperan de los funcionarios si se convoca el referéndum y dijo que no dudaba de que cumplirían con la ley y "con lo que ordena el Tribunal Constitucional".

Desde la Moncloa quieren recordar que la primera obligación de un empleado público es la "lealtad" a la Constitución y el debido acatamiento a las leyes. En este sentido, subrayan que los funcionarios públicos que infrinjan ese "esencial deber de lealtad" a la Carta Magna pueden incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales. Y señalan, en dicho argumentario, que la obediencia debida a los superiores jerárquicos no es una cláusula general de exención de responsabilidad.

"Catalunya protegerá a los trabajadores públicos"

Hace unos días, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, acusó al gobierno de Rajoy de querer "amenazar" a los funcionarios y dijo que, ante el proceso político que vive Catalunya, "preservarán y protegerán a los trabajadores públicos", sin ponerlos "en riesgo".

Fuentes de Moncloa lamentan que el Govern "intente dar la vuelta" a la situación porque, según explican, lo único que están haciendo es trasladar a los funcionarios que tienen amparo legal y que pueden no obedecer una orden que vaya contra la Carta Magna y las resoluciones del TC.

En el argumentario, el Gobierno destaca que los funcionarios públicos que, en cumplimiento de su deber de lealtad a la Constitución, incumplan órdenes de sus superiores jerárquicos no pueden incurrir en ninguna responsabilidad, cuando esas órdenes sean "claramente contrarias" al ordenamiento constitucional.

Exigir por escrito

En el texto se dice que es recomendable que el funcionario que reciba una orden contraria a la Constitución exija a su superior jerárquico que sea por escrito. Este es uno de los asuntos que estuvo encima de la mesa en la reunión que a primeros de mayo mantuvo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Miguel Borra.

En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. De esta manera se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.