El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona ha archivado la causa en la cual se investigó a 39 personas, algunos cargos electos de la CUP, por las manifestaciones con motivo de la huelga del 8 de noviembre del 2017, relacionada con el procés.

En aquella fecha, decenas de ciudadanos realizaron marchas lentas por diferentes vías cerca de la ciudad de Tarragona, como la autovía A-27 y la autopista AP-7 y, según atestado policial, se habían cometido delitos contra la seguridad del tráfico.

Las 39 personas que fueron investigadas estaban imputadas por delitos contra la seguridad del tráfico, pero el juez ha archivado la causa al no apreciar indicios de delito, según ha anunciado en una comparecencia de prensa el abogado Carles Perdiguero.

Se da el caso de que algunas de las personas investigadas son cargos electos de poblaciones de la provincia de Tarragona, mayoritariamente de la CUP y algunos de los investigados decidieron no acudir a declarar ante el juez, en su momento, para no reconocer la "legalidad del sistema judicial español".

Según ha explicado el abogado Perdiguero, la decisión del juzgado de instrucción de Tarragona era esperada después de los precedentes de situaciones similares a ciudades como Igualada (Anoia) o Ripoll (Ripollès).

Perdiguero ha afirmado que "el escrito de la fiscalía y de los cuerpos policiales no tenía ninguna base jurídica, sino que se intentaba una operación de represión contra personas destacadas en la lucha por la república catalana".