El juzgado de instrucción 1 de Ripoll ha archivado la causa contra los cinco cargos electos del Ripollès investigados por su participación en el corte en el Coll d'Ares durante el paro de país el 8-N.
La jueza, siguiendo la petición del ministerio fiscal, descarta el delito de desórdenes públicos porque no se registraron "actos violentos sobre personas o cosas". El auto cierra así la vía penal contra las alcaldesas de Vallfogona y Pardines, Carme Freixa (ERC) y Núria Pérez (IdP); los concejales de Ripoll Roger Bosch (ERC) y Santi Llagostera (CUP), y la concejala de Campdevànol, Mariona Baraldés (CUP).
Al mismo tiempo, sin embargo, envía el caso a la subdelegación del Gobierno en Girona para que inicie un expediente sancionador porque considera que podrían haber infringido la ley mordaza. Concretamente, recoge que el corte de Coll d'Ares que duró unas catorce horas comportó una "alteración grave de la seguridad ciudadana sin necesidad de ataques violentos contra personas o cosas".