El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acusada de "adjudicar pequeños contratos a dedo" entre 2017 y 2020. La denuncia la había presentado la presidenta del grupo municipal de Ciudadanos, Luz Guilarte.

A pesar de las acusaciones, finalmente, el tribunal ha concluido que no se pueden desprender "indicios de responsabilidad contable" en los hechos denunciados por Ciudadanos y, como ya afirmó el ministerio fiscal, ha considerado que de acuerdo con las pruebas presentadas no se puede demostrar "dolo, imprudencia o negligencia" con respecto al uso de los fondos públicos.

Además, otro argumento que da el Tribunal de Cuentas para archivar la denuncia es que Guilarte no se quiso presentar en la causa y sólo puso en conocimiento del tribunal unos hechos que consideraba irregulares o ilícitos. Eso, para los magistrados, ya sería motivo suficiente para archivarla: "Para exigir responsabilidad contable hay que ejercer la acción pública", explica el tribunal en la resolución, adelantada por Betevé.

Según la denuncia, el gobierno de Colau formalizó hasta 279 contratos entre 2017 y 2020 con un coste que está debajo por apenas unos céntimos de los límites que obligan a abrir concurso público. Estos 279 contratos suman un coste total de 5,6 millones de euros. Según Ciudadanos, son contratos que estan unos céntimos por debajo de los 18.000 euros más IVA (21.780 euros) en los casos que afectan a servicios y suministros, o de los 50.000 euros más IVA (60.500 euros) en el caso de las obras.

Otros frentes abiertos

Sin embargo, Colau tiene otros frentes judiciales abiertos. La alcaldesa está en el punto de mira de la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas por presuntas concesiones de subvenciones a entidades afines a los comunes. Estos tribunales investigan el dinero público que se habría concedido a ONG asociadas como "amigas" del ejecutivo del Ayuntamiento de Barcelona, unos hechos que Colau niega rotundamente.

A pesar de eso, varias empresas han denunciado a la alcaldesa y otros miembros de la formación (como el concejal Eloi Badia, la exconcejala de Ciutat Vella Gala Pin, la exconcejala de Drets Socials, Laia Ortiz, la cuarta teniente de alcalde, Laura Pérez Castaño o la asesora municipal d'Habitatge Vanesa Valiño). Los magistrados estudian si podrían haber cometido delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias.

Las críticas contra el equipo de gobierno son crecientes a raíz de estas informaciones y este 1 de mayo varias entidades han convocado una nueva manifestación contra el gobierno de Barcelona de Ada Colau. Se trata de la segunda marcha en pocas semanas y tiene como objetivo denunciar el "desgobierno" de los comunes y pedir la dimisión de la alcaldesa.

Imagen principal: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau / Gtres