El juzgado de instrucción 4 de Lleida ha archivado provisionalmente la investigación por desobediencia contra cuatro jefes de los Mossos d'Esquadra de Lleida, responsables del operativo policial durante el referéndum. El juzgado concluye que hubo un comportamiento "no ajustado a derecho" por parte de unidades de Mossos en relación al cumplimiento del auto del TSJ que obligaba a impedir la celebración del 1-O. Sin embargo, añade, después las diligencias practicadas, no hay "bastantes indicios" para seguir procediendo contra los investigados.
La causa se basaba en un informe de la Guardia Civil de unos 500 folios (con documentación aparte) elaborado con información extraída de los teléfonos, correos electrónicos y documentación decomisada en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Lleida cuando la Guardia Civil entró el 19 de octubre y el 2 de noviembre de 2017.
El juzgado de instrucción 4 de Lleida siguió con la investigación, después de que la Audiencia Nacional rechazara, en abril de 2018, asumirla a pesar de solicitar desde Lleida que fuera su juzgado central de instrucción 3, presidido por la magistrada Carmen Lamela, quien centralizara esta investigación y lo uniera a la causa sobre la actuación de la policía catalana el 1-O. Lamela consideró que "no existe conexión subjetiva ni material en el objeto del procés".
Aunque el juzgado leridano los investigaba en un inicio por desobediencia, sedición y falsedad documental, la Audiencia Nacional sólo hizo referencia entonces a un posible delito de desobediencia y recordaba que este no es competencia de la Audiencia Nacional.
¿Por qué se los investigaba?
La Guardia Civil entregó al juzgado 4 de Lleida un informe muy extenso, de unos 500 folios (con documentación aparte) en qué se apuntaba directamente a cuatro responsables de la policía catalana en Lleida, como el responsable de la región policial de Ponente o el responsable de Sala el 1-O, como presuntos autores de posibles delitos de desobediencia, sedición y falsedad documental por acciones llevadas a cabo antes, durante y después del 1-O.
Según recogía el informe presentado por la Guardia Civil en el juzgado, había indicios que apuntaban que existió una organización articulada en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra de arriba abajo para evitar que la Guardia Civil y la policía española actuaran contra el referéndum del 1-O. También habrían presentado documentos y testigos que explicarían que los Mossos hicieron seguimientos y vigilancia a miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como grabaciones de vídeo como pruebas. Finalmente, sin embargo, el juzgado ha archivado provisionalmente el caso por falta de pruebas.