La fiscalía ha archivado la investigación abierta contra el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès a raíz de una denuncia de Cs para adjudicar a dedo varios servicios por valor de 1,4 millones de euros. Aunque el ministerio público ha constatado que en el consistorio hubo una "preocupante falta de control" a la hora de pagar varias facturas que sobrepasaban el límite legal, concluye que no se cometió ningún delito.

La investigación señala al Interventor y el secretario municipal por posible prevaricación por omisión, pero determina que no tenían ninguna intención de beneficiarse de la situación y lo atribuye a una cierta "dejadez" de dos cargos que estaban a punto de jubilarse. Para comprobar si la situación se ha reconducido, el fiscal remite ahora el caso en la Oficina Antifraude.

Ciutadans denunció que entre los años 2017 y 2018 en el Ayuntamiento de Sant Cugat se habían pagado varias facturas a una serie de proveedores excediendo el tope marcado por ley, de manera que las empresas habrían tenido que superar un concurso público en vez de cobrar directamente por los servicios prestados. Una situación que la formación naranja posteriormente aseguró que también se había estado produciendo en el periodo 2012-2014.

Según Cs, todas estas facturas sumaban más de 1.445.000 euros, una cifra que la policía y la fiscalía ha ajustado a poco más de 1.395.000 euros. En este sentido, durante la investigación, los Mossos d'Esquadra identificaron ocho empresas que habían cobrado varias facturas que, juntas, superaban el límite legal de los 30.000 euros.

¿A quién se pagaron las facturas?

Así, señalan la empresa concesionaria de servicios energéticos, que cobró 342.000 euros por tareas sobrevenidas a su licitación. Una situación similar a la compañía adjudicataria de los servicios de limpieza, que cobró facturas por valor de 242.000 euros en paralelo en su contrato.

Aparte, los Mossos también constatan que se pagaron varias facturas por valor de 207.150 euros a una empresa que previamente ya estaba contratada para suministrar personal técnico en el Teatro Auditorio. Relacionado con el mismo equipamiento, la policía también destaca que se pagaron facturas por 87.700 euros a otra compañía para contratar personal para ofrecer servicios a los espectadores. Los Mossos apuntan que hay personal contratado que tiene relación familiar con cargos del Teatro Auditorio.

Respecto de todas estas facturas, la fiscalía apunta que muchas de ellas se pagaron en un periodo que coincide con los últimos años de trabajo del Interventor municipal, que se jubiló en junio del 2017. Según las declaraciones de su sucesor, en el consistorio "nunca" se controlaba la autorización del gasto ni si los contratos se ajustaban a la ley del sector público.

"Constante procedimiento negligente de los funcionarios"

En este sentido, la investigación policial concluye que hay un "constante procedimiento negligente de los funcionarios", en referencia al interventor y al secretario municipal, a quien señala como posibles autores de un delito, de prevaricación por omisión. Con todo, la fiscalía determina que ninguno de los dos actuó con intención de beneficiarse del pago directo en las empresas y destaca que todos los servicios eran justificados. "En ningún caso se destinó dinero a servicios no prestados, caprichosos o superfluos", dice el ministerio público.

Por todo ello, la fiscalía asegura que las irregularidades se habrían producido por una "dejadez" de la gestión por parte del interventor y el secretario, "con una edad próxima a la jubilación", mientras añade que también hubo "falta de supervisión de los responsables políticos".

Por último, el ministerio público destaca que la "preocupante falta de control" se corrigió con la entrada de los sustitutos de estos dos cargos. Así y todo, la fiscalía acuerda remitir el caso en la Oficina Antifraude para la cual supervise si las prácticas irregulares se han "desterrado" o determine si hay que adoptar medidas adicionales.

Calvet: "Esperamos una rectificación pública"

Después del anuncio de la archivación de la causa, el conseller de Territori, Damià Calvet, y exconcejal de Sant Cugat ha asegurado a las redes que esperan "una rectificación pública por parte de los que utilizaron chapuceramente esta denuncia", que según ellos fue para ensuciar la gestión de la exalcaldesa de la población, Carmela Fortuny, y ha acabado asegurando que el "dolor personal que han causado no lo archivará nadie".

Precisamente, Fortuny se ha mostrado "satisfecha" y ha asegurado que "siempre hemos tratado de hacer las cosas pensando únicamente en el interés general" y ha lamentado el uso que se ha hecho de la denuncia por parte del actual gobierno de la ciudad, formado por ERC, PSC y la CUP.