"Respeto plenamente la división de poderes". Con estas palabras ha contestado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la pregunta del líder del PP Alejandro Fernández sobre cuál es la posición de Aragonès sobre el caso judicial de Laura Borràs por el supuesto fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. El presidente de la Generalitat ha evitado posicionarse y decir que hará él o ERC cuando toque decidir si se la blinda o la suspende, pero ha manifestado su deseo de que las decisiones se tomen pensando en el servicio público: "Estoy convencido que en el momento concreto que haya que tomar decisiones todo el mundo tomará la decisión que convendrá más a la vocación de servicio público que tenemos los miembros de esta cámara".

 

Así lo ha dicho Aragonès durante la sesión de control al presidente, donde el diputado del PP ha pedido que posicione porque el caso Borràs no tiene que vulnerar el prestigio del Parlament, y lo ha retado a posicionarse a favor de la transparencia. Harto de la insistencia, Aragonès ha contestado restando importancia a su papel en todo este entramado: "Mi capacidad de intervención es la misma que la de los 135 diputados de esta cámara. Estoy convencido de que para garantizar el buen servicio de la institución, la defensa y su prestigio, en el momento en que se tenga que tomar la decisión, cada uno tomará la mejor que permita preservar el servicio público que prestamos a los ciudadanos de Catalunya", ha cerrado.

Esta pregunta en la sesión de control, que también ha hecho similar Vox, llega un día después de que la presidenta del Parlament hiciera una comparecencia en la cámara catalana para anunciar que no piensa dimitir y que es inocente. A estas alturas se encuentra a un paso del juicio imputada con delitos como la prevaricación o fraude administrativo, y solo Junts está cerrando filas públicamente con quienes también es presidenta de su partido. En paralelo, ERC ha pedido que preserve la honorabilidad de la institución y que no arrastre el movimiento independentista, mientras que la CUP pide no anteponer intereses individuales por encima de los colectivos, además de no manchar lo proyecte independentista de corrupción.

Junts y ERC sacan pecho por el catalán

Más allá de la cuestión de Borràs, en la sesión de control se ha abordado la reciente novedad del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que destaca la imposibilidad de aplicar el 25% del castellano en las aulas después del nuevo marco normativo que se ha hecho tanto en el Parlament como en el Govern. Pendientes de que ahora el Tribunal Constitucional diga la suya, el lunes ERC y Junts ya celebraron la noticia y se atribuyó cada uno sus méritos, bien al igual que ha pasado a la sesión de control. El presidente de Junts, Albert Batet, ha apuntado que "el tiempo nos ha dado la razón" después de elaborar los marcos normativos, y ha apuntado que el acuerdo del catalán ha demostrado que en política es posible la negociación "con garantías", aunque no sabrán qué Pedro Sánchez se encontrarán en el otro lado: "¿El del 155 o lo que habla del reencuentro? El que nos espía o el que reconoce el conflicto político?".

Aragonès ha contestado celebrando también las leyes hechas para proteger el catalán en la escuela y el hecho de haber conseguido sacar "las togas de las aulas". Sobre la referencia que ha hecho a la negociación con el estado español, el presidente de la Generalitat ha reconocido que él tampoco sabe qué Pedro Sánchez habrá en el otro lado, pero si ha reivindicado que la posición del presidente de la Generalitat será para la defensa de la resolución del conflicto político y la necesidad de un referéndum: "Lo que nos enseña (la negociación por el catalán) es que no nos fijemos tanto en la posición de los otros, sino que fortalezcamos la nuestra con consensos, rigor y determinación. Si somos capaces de eso con su ayuda nos fortaleceremos", ha retado Aragonès a Junts, una semana después de una sesión de control donde ambas fuerzas exhibieron una reconciliación pasado el desacuerdo por la reunión entre la consellera Laura Vilagrà y el ministro Félix Bolaños.