El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reaccionado a la petición de prisión de la Fiscalía para Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. El republicano ha criticado con contundencia esta decisión y ha arremetido contra un "sistema judicial que no imparte justicia, sino venganza contra el independentismo". "Lo denunciaremos por todas partes", ha apuntado. Aragonès ha añadido que "trabajar por la libertad de Catalunya no es ningún delito", así como "defender las urnas y la democracia, tampoco". "Siempre a vuestro lado, Natàlia Garriga, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó", ha concluido.

TUIT pere aragonés jové y salvadó
Tuit de Pere Aragonès sobre la petición de prisión de la Fiscalía para Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.

Posteriormente, en un acto en El Perelló, Aragonés ha asegurado que no le sorprende "la voluntad de venganza" de parte de la judicatura española. Además, el presidente ha insistido que el referéndum del 1 de Octubre "no fue delito" y que votar no lo puede ser nunca. "Seguiremos de pie ante la voluntad represiva del Estado, que considera que la democracia es un delito", ha advertido. En este sentido, ha afirmado que "estamos convencidos de que finalmente conseguiremos su absolución, conseguiremos que no sean condenados por lo que es su compromiso político con la libertad de este país".

 

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha denunciado este viernes que la interpretación que hace la Fiscalía es "partidaria" y está "sesgada hacia la extrema derecha". Vilagrà sostiene que la posición de la Fiscalía no se ajusta a la modificación legal aprobada y que tiene un "ánimo vengativo". "No hay separación de poderes en el ámbito de la judicatura española", lamenta la consellera, que cree que los jueces "atienen más a la derecha y la extrema derecha que no a los principios jurídicos básicos".

Por su parte, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a quien la Fiscalía le pide un año de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional por los preparativos del referéndum, también ha reaccionado a través de Twitter a este escrito. En opinión de la titular de Cultura, esta petición de la Fiscalía "reafirma lo que hace tiempo que denunciamos: estamos ante una causa general contra el independentismo". "Desgraciadamente, hace años que vemos que el sistema judicial español no hace justicia, hace política", ha criticado la consellera, que ha cerrado con un "no reculamos, seguimos trabajando".

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Natàlia Garriga reacciona a la petición de la Fiscalía de inhabilitarla un año por desobediencia.

Jové, a la Fiscalía: "Miserables, malas personas, cobardes"

El presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha calificado a la Fiscalía de "miserable, malas personas y cobardes". En esta línea, Jové ha defendido que siempre van "de cara ante la represión" y que aquello que hicieron el 1 de octubre "lo hicimos por principios democráticos y de libertad". La Fiscalía pide para el diputado republicano y quien fue secretario general de la Vicepresidència y de Economia i Hisenda una pena de prisión de 7 años y 32 de inhabilitación, además de una multa de 30.000 euros.

En el caso de Lluís Salvadó, actual presidente del Port de Barcelona y quien fue secretario de Hisenda entre el 2016 y 2017, la Fiscalía le solicita 6 años y tres meses de prisión, 27 años de inhabilitación y una multa de 24.000 euros. Tanto a Jové como a Salvadó se les imputan los delitos de malversación de fondos, prevaricación y desobediencia por la organización del referéndum del 1 de octubre. Con esta decisión, la Fiscalía Superior de Catalunya sigue el criterio del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado, que consideran que los gastos destinados al 1-O tienen que ser tipificados como malversación agravada (que tiene una pena máxima de 8 años de prisión), al entender que hay ánimo de lucro porque el dinero se utiliza para un beneficio particular (que es el referéndum). Así pues, descartan la malversación atenuada, con un máximo de cuatro años de prisión y que se incluyó en la reforma del Código Penal que el PSOE y ERC pactaron para poder suavizar las penas de los ex altos cargos del Govern del 1-O.