El acuerdo entre JxCat y ERC que deja en manos del pleno del Parlament la suspensión temporal de los diputados encausados por el 1-O se rubricó este lunes de la Mercè por la noche en la Casa dels Canonges del palau de la Generalitat, en un encuentro con el president, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, y la consellera de Presidència, Elsa Artadi. Este fue el punto y final de una precipitada agenda de idas y venidas de los negociadores a la prisión de Lledoners durante el fin de semana que se encargaron de cerrar Artadi y Aragonès.

El plazo máximo previsto para cerrar el acuerdo se había agotado hacía días y la imagen del Govern en riesgo se había instalado en los titulares de los medios y sobre la mesa de negociación.

Con esta perspectiva y con el debate de política general que se tiene que celebrar el 2 de octubre, las negociaciones se habían precipitado, de manera especial el fin de semana. Había que acordar la respuesta a la suspensión cautelar de los diputados que reclamó a la Mesa el juez Pablo Llarena el pasado mes de julio.

Las conversaciones se han convocado esencialmente a Lladoners con los presos. En el centro penitenciario está el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente de JxCat, Jordi Sànchez. De hecho, todas las decisiones que se han tomado se han adoptado de manera consensuada con los presos.

Puigdemont, una línea roja

El presidente del Parlament, Roger Torrent, había insistido a lo largo de estos días en que nadie renunciaría al acta de diputado y que el reparto de fuerzas surgidos de las elecciones se mantendrían intactos. Sin embargo, JxCat quería más. El mantenimiento de Carles Puigdemont como diputado es una linea roja que este grupo no está dispuesto a cruzar. Y así lo ha mantenido, aunque eso pusiera en riesgo la coalición de Govern.

Se han encargado de dejar claro este límite tanto el vicepresidente primero, Josep Costa, que ha llevado las negociaciones con ERC en el Parlament como el mismo Puigdemont, a través de declaraciones públicas.

Finalmente, el acuerdo se ha cerrado respetando este límite y remitiendo la decisión a aquello que dispone el Reglamento de la Cámara, que no contempla la suspensión temporal que reclama Llarena pero sí fija que es la comisión del Estatuto del diputado quien tiene que decidir sobre la continuidad de los parlamentarios.

La decisión final queda en manos de una votación en el pleno, tal como señala el artículo 25 del reglamento. "Decidirán los 135 diputados, no el juez", han sentenciado los grupos independentistas este miércoles en el Parlament.

Ahora la preocupación de JxCat es la posibilidad que el recurso que han presentado Junqueras y Raül Romeva pidiendo el amparo del TC ante la petición del juez no sea utilizado por el alto tribunal para emplazar a la Mesa a acatar la orden y situarla ante un nuevo riesgo de desobediencia.