El director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Josep Tomàs Salàs, se ha comprometido a cerrar la segunda investigación sobre las "supuestas irregularidades" en la gestión de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) "a finales de año", durante su comparecencia este jueves en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament. La Sindicatura de Cuentas destapó este descontrol de la gestión de la DGAIA el año pasado y detalló que el Departament de Drets Socials había pagado indebidamente unos 167 millones de euros en prestaciones económicas entre 2016 y 2024, y lo comunicó al Tribunal de Cuentas. De esta cantidad, 4,7 millones correspondían a pagos indebidos a jóvenes extutelados, con una parte investigada por Antifrau desde el 2025. Recibió la denuncia de un trabajador de la Fundación Resilis, en Girona, que alertó de irregularidades en las prestaciones económicas y de vivienda para jóvenes extutelados. El trabajador, de baja, obtuvo la categoría de alertador de Antifrau, que le debería proteger.
Este verano Antifrau cerró la primera investigación, relacionada con las ayudas a Resilis, sin detectar hechos delictivos, pero derivó sus informes a la Fiscalía Anticorrupción, que ahora lo analiza a fondo. El segundo informe está relacionado con la gestión de los pisos tutelados por la misma fundación Resilis en Girona.
Mossos y la Agencia Tributaria
En su comparecencia, Salàs ha explicado que quieren impulsar un convenio con los Mossos d'Esquadra para agilizar investigaciones. Ha detallado que si hubieran tenido el apoyo de agentes de la policía catalana, "seguro que la investigación de la DGAIA ya estaría acabada y sin dilaciones" porque se tiene que ir al territorio, en este caso a Girona, y encontrar a las personas.
El director de Antifrau ha detallado que este convenio sería como los siete que han firmado este año con otras administraciones para colaborar juntas. Uno es con la Agència Tributària de Catalunya para que ejecute las sanciones impuestas por Antifrau. Este año, la oficina ha dictado cinco expedientes sancionadores a administraciones; algunos de ellos se han parado porque los sancionados lo han recurrido a la justicia ordinaria y hay que esperar a tener una resolución firme, ha informado.
Más denuncias
En cuanto a la actividad, el director de Antifrau ha expuesto que durante el 2025, la Oficina Antifrau recibió 2.059 denuncias, la cifra más elevada desde la creación de la institución y que representa un incremento del 502% respecto de la media anual entre 2010 y 2024. Según Salàs, estos datos se superarán este 2026, dado que "se han recibido ya 1.702 denuncias, con una proyección de 2.300/ 2.400 denuncias a final de año". Los casos derivados a la Fiscalía, es decir, cuando hay sospecha de hechos delictivos, son una minoría.
Por otro lado, Josep Tomàs Salàs ha destacado que en 2025 se tuvo conocimiento de 163 medidas adoptadas por las diferentes entidades afectadas y autoridades competentes a raíz de las actuaciones emprendidas por Antifra. La mayoría fueron correctoras o reparadoras (123), preventivas (16) y revisoras (11). Además, Salàs ha detallado que este año, a fecha de 1 de octubre, Antifrau ha recibido 62 solicitudes de protección, de las cuales 28 han devenido personas protegidas. En este sentido, ha avanzado que se activará una carta de servicios a personas alertadoras de corrupción (como la atención psicológica), aunque ha reiterado que cuando estos trabajadores son despedidos, son ellos quienes deben interponer demandas en los órganos judiciales.