La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha dado la categoría de "alertadora" de corrupción a dos personas que han denunciado irregularidades en la administración pública, desde que entró en vigor de la ley 2/2023 -de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, el febrero pasado, i que desarrolla la directiva europea Whistleblower de 2019-, según han informado fuentes del OAC a ElNacional.cat. El Parlament aprobó que Antifrau sea la Autoridad Independiente de Protección del Informante en Catalunya, el marzo pasado. Y en estos primeros meses, Antifrau ha aprobado dos casos y medio de protección, mientras desarrolla la estructura y la normativa de esta nueva competencia. Ha trascendido que en uno de los casos se trata de una interina de un ayuntamiento, que sufrió represalias en su trabajo porque denunció irregularidades en la contratación de personal y que se le negaba información. Del segundo caso, Antifrau no ha querido dar detalles para preservar su seguridad.
En concreto, se indica que la ley 2/2023 tiene como finalidad otorgar una protección enfrente de las represalias a las personas que informen sobre alguna acción o en su ámbito profesional, especialmente en las administraciones públicas; pero también en el ámbito privado si hay vínculos con el sector público. También se persigue una mayor transparencia y evitar casos de corrupción en todos los ámbitos. Así, estas dos primeras "personas alertadoras" (nombre aprobado por Antifrau) y las que obtengan esta categoría tendrán: asistencia efectiva ante cualquier autoridad implicada en su protección ante represalias; asistencia jurídica en los procesos penales y civiles, y apoyo financiero y psicológico, de manera excepcional, si así lo decide la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que en Catalunya es el OAC.
Unos 14 casos revisados los últimos 5 años
El director de Antifrau, Miguel Angel Gimeno, ha sido un gran defensor que el OAC asumiera esta tarea protectora del informante, donde la ley también prevé un régimen sancionador, que se tiene que desarrollar. Precisamente, Antifrau ha revisado 14 casos de personas informantes de corrupción y si hacía falta su protección desde el 2018 y hasta la entrada de la nueva ley. De este total, se aprobó "el amparo" de tres personas, a través de la ley de la Oficina y sus normas internas y de actuación. En su artículo 15, se afirma que la Oficina, además de garantizar su anonimato, "tiene que proporcionar asistencia y asesoramiento a la persona denunciante o informante". Y especialmente, si después de denunciar una irregularidad a Antifrau ha sufrido actos de intimidación o de represalias, como ser destituido, despedido o apartado de sus funciones.
Las infracciones a denunciar
Se detalla que la ley 2/2023 otorga protección únicamente a las personas que informan sobre las infracciones en unos ámbitos concretos, recogidos en el Derecho de la Unión. Por ejemplo, son: infracciones en la contratación pública; prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad de los productos; seguridad del transporte; protección del medio ambiente; protección contra las radiaciones y seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y piensos; salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; protección de la intimidad y los datos personales, y seguridad de las redes y de los sistemas de información.
Además, se informa de que la ley amplía los ámbitos a las acciones u omisiones constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, que no está previsto en la directiva europea.