La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) se ha convertido en la primera autoridad independiente en el ámbito del Estado español que podrá proteger a personas alertadoras de casos de corrupción en las administraciones públicas, según ha anunciado este lunes la entidad, en cumplimiento de la directiva europea de 2019, que el Gobierno no ha traspuesto hasta el febrero pasado, con la ley 2/2023. Se precisa que estas nuevas competencias son una realidad después de que el Parlament las aprobara el viernes pasado, en la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas y del sector público. Así, se otorga esta responsabilidad a Antifrau, avanzando en la entrada en vigor de la Ley estatal, justamente este lunes. El director de Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, había reivindicado esta competencia con el fin de proteger a personas que destapan irregularidades en las administraciones. En este tiempo, sin ley protectora, Antifraude ha informado ElNacional.cat que "ha amparado" tres personas para que no fueran castigadas laboralmente o en otros ámbitos por denunciar casos.
Además, la disposición aprobada por el Parlament también establece que Antifrau tendrá potestad sancionadora y potestades de ejecución de las resoluciones sancionadoras en los casos de protección a las personas alertadoras de corrupción. En un comunicado, Antifrau afirma que "celebra que el Govern tenga el compromiso de impulsar la elaboración de una ley en Catalunya en materia de protección de las personas que alerten sobre infracciones normativas". Ha añadido que el director de Antifrau "se ha mostrado satisfecho por la apuesta decidida que han hecho los grupos parlamentarios en la protección de las personas alertadoras" y ha manifestado que "con estas nuevas competencias se cumple la finalidad de la Oficina de proteger las personas que deciden denunciar y preservar el interés público ante actuaciones corruptas".
Protecciones reales
En el comunicado, Miguel Ángel Gimeno ha añadido que con este reconocimiento legal "Antifrau tiene herramientas para llevar a cabo lo que los ciudadanos esperan de la institución y que hasta ahora no podía hacer, ya que no disponía de las competencias." Gimeno también se ha mostrado confiado en que "el Govern sacará adelante la ley catalana con celeridad y así podrá desplegar el espíritu de la directiva europea en el ámbito de Catalunya". Desde Antifrau se asegura que la directiva europea es una norma que "ha querido que las obligaciones impuestas a los estados tengan como elemento central las personas, de manera que los obliga a configurar instrumentos normativos y a implementar medidas reales y efectivas que protejan de manera integral a quien, en el marco de su relación laboral, se arriesga para alertar de conductas ilícitas en defensa del interés de la colectividad". Detalla que a menudo estas personas, "que en su actuación priorizan el bien común sobre el propio, sufren represalias de diferentes tipos: personales, laborales, económicas". Y la norma europea tiene como voluntad evitar, a través del ordenamiento jurídico y la acción pública, estas actuaciones ilegítimas.
El caso de Ciutat Vella
Precisamente, el caso de la exconcejala Itziar González que denunció irregularidades en las licencias de pisos turísticos de Ciutat Vella, en Barcelona, es puesto como ejemplo de una alertadora que fue asediada y no lo suficientemente protegida por sus compañeros del PSC, entonces en el gobierno del Ayuntamiento. El gobierno de Ada Colau hizo un acto para resarcir a la exconcejala.