El Tribunal Constitucional ha decidido que será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y no la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) el órgano que resolverá sobre la campaña de la Assemblea Consum Estratègic, la cual fue denunciada por Foment de Treball en noviembre del 2018.

Así lo ha denunciado la entidad en un comunicado este martes, apuntando que esta decisión es "una oportunidad" para el Estado para "castigar ejemplarmente la Assemblea". "Hoy se ha vuelto a evidenciar que en el Estado español la justicia está controlada políticamente y no responde a principios democráticos y de respeto a los derechos fundamentales, sino a la venganza y a la persecución ideológica", ha criticado.

La Assemblea ha recordado que la denuncia de la patronal que preside Daniel Sánchez Llibre se presentó ante la ACCO en el 2019 y que "acabará dictándose en Madrid". "La patronal pedía la retirada de la web y la campaña y, además, que se impusiera una multa de 60.000€ a cada uno de sus representantes legales", explica el texto.

La entidad independentista también ha denunciado que con este traslado del caso "se han vulnerado, una vez más, las competencias de la Generalitat de Catalunya". "A través de la vía administrativa y mercantil el Estado español está tratando de asegurarse una resolución en contra de la entidad en una muestra más de represión económica que busca acabar con las entidades independentistas", denuncia el escrito.

La ANC ha denunciado también que "las demandas de Foment del Treball son un ataque al consumo responsable y de proximidad y representan una clara vulneración a la libertad de expresión de la Asamblea". Fue el pasado 20 de diciembre del 2019 cuando el Juzgado Mercantil nº. 11 de Barcelona ejecutó las medidas cautelares que comportaron el cierre de la web y la prohibición de hacer ningún tipo de acción pública de la campaña.

Los objetivos de la campaña

La campaña Consum Estratègic tenía por objetivo "apoderar a la sociedad catalana, en este caso en el ámbito económico, mediante la toma de decisiones de consumo cotidiano". "Buscamos una realidad económica desvinculada de los poderes políticos y de los oligopolios que participan en la campaña del miedo", asegura la entidad.