Paso adelante de los grupos parlamentarios para reformar el reglamento de la cámara. PSC-Units, ERC, Junts, CUP y comuns han registrado este lunes la petición para crear una ponencia conjunta y abordar la modificación de la ley que rige las normas del Parlament, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado fuentes de los partidos a ElNacional.cat. Los partidos ya llevan un tiempo trabajando para activar esta reforma con la finalidad de abordar, por ejemplo, las deficiencias detectadas en los mecanismos de transparencia de la institución.
La última reforma del reglamento fue aprobada por el pleno del Parlament el 26 de julio del 2017, en plenos preparativos para el referéndum unilateral del 1-O, con los 72 votos de la mayoría independentista que componían Junts pel Sí y la CUP. En aquel momento, el objetivo de la reforma era facilitar la aprobación exprés, por lectura única, de los renombres "leyes de desconexión", si bien cinco días después el Tribunal Constitucional acordó suspender cautelarmente aquel nuevo reglamento al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Transparencia
Ahora, casi cinco años después y en un contexto político diferente, los diversos grupos parlamentarios se disponen a reabrir la ponencia de reforma del reglamento, con nuevos asuntos sobre la mesa. Uno de los objetivos, según fuentes consultadas por Efe, será corregir las anomalías detectadas en los mecanismos de transparencia y acceso a la información de la cámara, puestos en cuestión en los últimos días al saberse que el Parlament gasta anualmente 1,7 millones de euros en pagar los sueldos de 21 funcionarios acogidos a un régimen especial de "licencias por edad".
El documento de apertura de la ponencia que han preparado los grupos impulsores puede incluir otras cuestiones susceptibles de generar consenso, como la igualdad y la feminización de la institución. No hay, en cambio, consenso sobre asuntos más controvertidos como la regulación de las votaciones telemáticas, que JxCat ya reclamó en el 2018 para facilitar que el expresidente Carles Puigdemont pudiera ejercer sus funciones de diputado desde Bélgica y que, en los últimos dos años de pandemia, se ha venido aplicando para que el pleno pudiera seguir reuniéndose de manera semipresencial.
Posiblemente el asunto más polémico es el blindaje de aquellos diputados con procesos judiciales abiertos pero sin sentencia firme. El pasado mes de octubre, los servicios jurídicos del Parlament presentaron una propuesta de reforma del reglamento que permitiría blindar a la presidenta de la cámara catalana, Laura Borràs, ante una eventual apertura de juicio oral o un posible procesamiento judicial contra ella por el caso de la Institución de las Letras Catalanas, donde se acusa a Borràs de la presunta adjudicación irregular de contratos. El informe de los letrados que llegó a la Mesa del Parlament y posteriormente a los grupos parlamentarios, podría servir como uno de los documentos de trabajo de la ponencia conjunta, aunque cada grupo podrá presentar a su vez sus propias propuestas.