A pesar de que la ley de amnistía obliga al tratamiento “preferente y urgente” de las causas abiertas, y que los juzgados de Girona han mantenido "el silencio durante 21 meses”, por fin ha llegado la tranquilidad para los dos últimos manifestantes independentistas encausados por los cortes de la AP7 durante el otoño de 2019. Un otoño marcado por las intensas protestas después de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del proceso independentista, el 14 de octubre. Los cortes de carreteras, vías de tren y accesos al aeropuerto del Prat fueron una respuesta inmediata y masiva al rechazo de las condenas por sedición y malversación. El auto que acuerda la amnistía deja libres de responsabilidades penales a los dos últimos manifestantes que aún estaban encausados por participar en el corte de la AP7 a la altura de Salt, el 13 de noviembre de 2019. La organización Alerta Solidària, que ha dado apoyo jurídico y político a los encausados por las protestas del otoño caliente de 2019 contra las sentencias del procés, recuerda que aquella movilización era la continuación de un corte iniciado dos días antes en la frontera del Pertús. “Cerca de Girona, los Mossos d’Esquadra pusieron fin a la protesta con fuertes cargas policiales, detenciones y 53 personas encausadas. Los dos independentistas ahora amnistiados, vecinos del Maresme, eran los últimos de esta causa, ya que para el resto se acordó el archivo el verano de 2021”.
“Prevaricación flagrante”
Alerta Solidaria considera un “escándalo” que el archivo haya llegado “después de 21 meses de silencio”. Esto es lo que ha tardado el juzgado en emitir la resolución, después de ser instada la petición de amnistia diez días después de que entrara en vigor la ley. Pero además, denuncia que el auto que acuerda la amnistía y archiva la causa firmada por la magistrada Maria Teresa Ferrer Costa, que actúa como jueza sustituta de la Sección de Instrucción núm. 3 del Tribunal de Instancia de Girona, es del día 9 de febrero. “Han tardado un mes en comunicarla a las partes, pero es que han tardado 21 meses en dar respuesta a la instancia de amnistía que fue presentada en los juzgados el 17 de junio de 2024”. La organización recuerda que el artículo 10 de la ley de amnistía obliga al tratamiento “preferente y urgente” las decisiones pertinentes en cumplimiento de la ley, pero “el auto que acuerda la amnistía solo transcribe los cuatro primeros artículos. No llega al 10º para esconder la prevaricación flagrante cometida con el objetivo de punir a los dos independentistas que llevaban desde el lejano 2019 pendientes de los juzgados”.
Investigadas 381 personas, 50 amnistiadas
Este archivamiento “cierra el capítulo oscuro de la represión al derecho de manifestación de aquel otoño” en que se produjeron cortes en el Pertús (la Jonquera), en Girona-Salt, en Sant Celoni, en l'Ametlla del Vallès, en Amposta y en l'Aldea, por los que fueron investigadas 381 personas. “Por el corte del Pertús fueron 200 personas las encausadas por las autoridades españolas, mientras que las autoridades francesas detuvieron a 18 más. En l'Ametlla del Vallès, también 53. En las Terres del Ebre, 55. Y en Sant Celoni una sola. Hoy podemos decir que toda esta abusiva represión, en la que el Estado ha intentado coaccionar el independentismo golpeando el derecho de manifestación, se ha acabado”, afirma Alerta Solidària. De las 381 personas investigadas, a 322 se les cerró el proceso por falta de hecho delictivo, antes de llegar a la ley de amnistía, por lo cual la ley se ha aplicado a 50 personas. “Y solo a 9, menores de edad, se les sancionó con una amonestación verbal por el corte en Salt. Un balance más que positivo que debería recordarnos que, a pesar de que nos intenten asustar cuando nos identifican, detienen o nos citan a raíz de un corte de carretera, tarde o temprano la justicia debe rectificar y reconocer que teníamos derecho”, afirma Alerta Solidària.