Amnistía Internacional ve con preocupación la condena a los jóvenes de Altsasu. Así lo ha expresado la ONG de defensa de derechos humanos en un comunicado hecho público este sábado, con motivo de la manifestación de apoyo a los condenados de este sábado en Madrid. La organización alerta sobre la "motivación ideológica" de la sentencia y sobre que la imparcialidad del procedimiento judicial se ha visto afectada por la relación del tribunal con la Guardia Civil.

La ONG muestra su preocupación porque, aunque se descartan los delitos de terrorismo, la sentencia "utiliza una motivación ideológica para justificar la gravedad del delito contra los guardias civiles y sus parejas". Con esta "motivación ideológica", alerta, se podría estar "violando su derecho a la libertad de expresión, reunión y opinión política".

Concretamente, Amnistía hace referencia a la supuesta vinculación de los jóvenes al movimiento Ospa, contra la presencia de la Guardia Civil en Euskal Herria, que recuerda que es un "movimiento legalizado". El director de AI en España, Esteban Beltrán, lamenta que las condenas a prisión se basan en una argumentación "que presupone una intencionalidad política de los acusados, aunque el mismo tribunal dijo que no pudría se probada ninguna vinculación política".

Por otra parte, la organización de derechos humanos también avisa de que la imparcialidad puede haberse visto "mermada" por el hecho de que la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, no fuera apartada del procedimiento. "No podemos olvidar que la propia presidenta del tribunal es familiar directa de un alto cargo de la Guardia Civil", señala Beltrán, que añade que ha sido condecorada con la Orden de Mérito que da el cuerpo a "conductas de extraordinaria relevancia que benefician a la Guardia Civil".

Amnistía Internacional también expresa preocupación "ante el hecho de que el fiscal mantenga su calificación como delito de terrorismo por los hechos por los cuales se los acusa". Después de la sentencia del pasado 1 de junio, el Ministerio Público anunció que la recurriría la decisión. Tampoco encuentra de recibo la aplicación de un agravante de odio en las condenas.

Finalmente, la organización denuncia la prisión provisional para siete de los ocho jóvenes, "bajo un régimen penitenciario mucho más estricto que se aplica a las personas sospechosas de terrorismo". Recuerda que la prisión cautelar "debe ser una medida excepcional", y que todas las personas acusadas "han estado siempre a disposición de la justicia, incluso varias de ellas se personaron voluntariamente cuando tuvieron conocimiento de su procesamiento".

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