El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha reclamado al Gobierno que reforme la ley del CNI con el fin de permitir un "mejor control judicial" de las actividades de los servicios secretos españoles, y que se investiguen a fondo tanto los casos de espionaje con Pegasus como las investigaciones irregulares de la policía española a independentistas catalanes. En declaraciones en la ACN, Beltrán ha reclamado que no haya "impunidad" en todos estos casos y que se cancele totalmente el uso del software espía de teléfonos móviles, ya que lo considera un "peligro" si no hay un "adecuado control judicial". Por eso, insta también a las autoridades judiciales a investigar a fondo este espionaje telefónico, que solo ha avanzado en uno de los 17 juzgados que lo investigan, el del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
También ve necesario que los juzgados investiguen si ha habido investigaciones policiales "destinadas a la represión y violación de los derechos humanos del movimiento independentista catalán utilizando a la policía de manera ilegal e ilegítima". En este sentido, también ha lamentado que, de momento, de toda la Operación Catalunya solo se haya investigado mínimamente el caso del ex fiscal superior de Catalunya Martín Rodríguez Sol.
Así, espera que los juzgados abran investigaciones para saber si habido un control policial adecuado de aquellas investigaciones irregulares y para descubrir cuáles fueron los responsables. Para hacerlo, ha reclamado una "investigación imparcial e independiente que lleguen hasta los últimos extremos".
Los casos de Tsunami Democràtic y los CDR
También en declaraciones en la ACN este martes, el director del organismo en España admitió que en las causas judiciales sobre el procés soberanista "puede haber otras infracciones penales como desórdenes graves", pero en ningún caso terrorismo. "En el caso de los CDR, el mismo fiscal reconoce que no se puede acusar nadie de actos violentos", indicó. Todo en el marco de un análisis de la ley de amnistía, que finalmente no se aprobó, sobre la cual Beltrán ve "claroscuros". El aspecto "central preocupante", dijo es que las víctimas de violaciones de derechos humanos o de delitos "prácticamente han desaparecido del texto". "Las víctimas no han estado en el centro del debate. La indemnización, incluso, se prohíbe en el marco de la amnistía. Es un aspecto muy relevante que esperamos que se pueda corregir", consideró Beltrán.
En este sentido, lamentó que el texto actual, que ahora encara un nuevo periodo de quince días de negociaciones después de que se haya tumbado en el Congreso con los votos en contra de Junts, no recoge "lo que marca el derecho internacional", que es "la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de uso excesivo de la fuerza por parte de policías y agentes de seguridad". De la misma manera, "tampoco habrá reparación y derecho a la verdad para víctimas de delitos como un policía que en octubre del 2019 fue golpeado de forma muy grave en el transcurso de una manifestación". En cambio, el director de Amnistía Internacional en España sí que consideró "positivo" que se reconozcan como no amnistiados "los casos de tortura y maltratos con un determinado umbral de gravedad".