La Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) y el Associació de Municipis per la Independència (AMI) han presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por los delitos de prevaricación, usurpación de funciones y amenazas y coacciones.

Las dos organizaciones han tomado esta decisión ante la citación de más de 700 alcaldes y dar instrucciones a la policía cuando ya sabía que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) estaba investigando el Govern a raíz de una querella admitida a trámite y presentada por la propia fiscalía. Las dos entidades recuerdan que la fiscalía tiene la obligación de cesar sus actuaciones cuando hay un juez que investiga los mismos hechos, como le recordó la magistrada instructora del TSJC al ministerio público.

En la querella, de unas 60 páginas, se acuerda de que el TC suspendió la ley del referéndum y la de transitoriedad, pero todavía no las ha considerado inconstitucionales, y por eso, no se puede calificar el referéndum de "ilegal" como hacía la fiscalía en sus escritos. En el escrito, se pide el testigo de los alcaldes citados por la Fiscalía.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya presentó hace unos días una querella similar contra Maza y contra el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada.

Los argumentos

El escrito recuerda que cuando Maza envió la orden de citar a los alcaldes a declarar, el TSJC ya había admitido a trámite la querella que la misma fiscalía había interpuesto contra el Govern por los mismos hechos, la organización del referéndum, y por eso considera que es un delito de prevaricación y de usurpación de funciones.

Además, como el escrito de Maza advertía a los alcaldes que serían arrestados si no comparecían voluntariamente ante el fiscal, las entidades querellantes acusan al fiscal general de coacciones y amenazas, que ven corroboradas por unas declaraciones públicas dónde decía que la apertura de diligencias tenía la intención de que algún alcalde renunciara a dar apoyo al referéndum.

La querella también reprocha en la fiscalía que diera instrucciones precisas y directas a los cuerpos policiales para intentar evitar el referéndum del 1-O cuando el TSJC ya había abierto la causa penal contra el Govern.

El escrito también recuerda que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) recomendó al estado español revisar al modelo de nombramiento del fiscal general del estado, que implante un código deontológico para los fiscales y que se regulen las sanciones disciplinarias en los miembros del ministerio público. Además, los querellantes recuerdan también que Maza fue reprobado por el Congreso de Diputados.