El escándalo de las comisiones por la compra de mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid parece estar lejos de terminar, con nuevas informaciones que señalan una vez más al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. A pesar de los esfuerzos del popular por desvincularse de las comisiones que cobraron los empresarios Alberto Luceño (5 millones) y Luis Medina (1 millón), cada vez hay más evidencias que lo implican directamente. Por ejemplo, una conversación por whatsapp entre Luceño y la encargada de comprar el material sanitario para el ayuntamiento donde el primero le confirma que Almeida y Medina habían hablado por teléfono cuando las negociaciones todavía no se habían cerrado, al contrario de lo que había reconocido al concejal hasta entonces, cuando decía que solo había hablado con los comisionistas para agradecerles su "donación". Ahora, el diario Público ha confirmado que el alcalde madrileño firmó una carta donde daba apoyo al comisionista Luceño para que hiciera de intermediario en el comercio de mascarillas delante el gobierno de China. Concretamente, destacaba su profesionalidad ante las autoridades asiáticas. Este documento, escrito en castellano e inglés y que fecha del 23 de marzo, no forma parte de los documentos entregados desde el ayuntamiento a la Fiscalía, que investiga el caso.

La existencia de la carta se habría comprobado porque Elena Collado, la responsable de contratación y del área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento y que se encargaba de estar en contacto con Luceño por mensajería, se intercambió varios correos electrónicos con el comisionista hasta que confirmaron que el documento estaba listo. Entonces es cuando el empresario le pide a la funcionaria que incluya sus datos nominativos para poder empezar las gestiones con China. Días después, Collado creyó que existía algún problema en la adquisición y por eso se solicitó la misma carta, ahora firmada por Almeida. Al fin y al cabo constituye una nueva sospecha que hace pensar que los hechos no se desarrollaron tal como habían declarado los responsables políticos de esta compra de material sanitario, que no solamente tenía un precio totalmente inflado, sino que, además, era defectuoso.

Las incongruencias del discurso de Almeida

 

Ahora mismo, una de las grandes preguntas sin respuesta es porque Almeida no acudió en la Fiscalía al darse cuenta de que el Ayuntamiento había sido estafado con esta compra. Según el concejal, desde el consistorio se quedaron satisfechos cuando se les devolvió cuatro millones del material defectuoso que les dio la empresa. Collado ya se había dado cuenta de ello el 8 de abril de 2020, cuando todavía no se había formalizado la "donación" de las mascarillas. En un intercambio de mensajes con Luceño, la trabajadora lamentaba que el material no era de suficiente calidad y alertó al comisionista: "Nos han estafado seguro", en referencia a una partida de guantes. Con todo, la negociación siguió y el material en cuestión llegó a finales de mayo.

El otro gran vacío en las excusas de Almeida son sus declaraciones en que aseguraba que se enteró de la tarea de mediación de su primo, también involucrado en toda esta trama, y la existencia de los comisionistas por la prensa, cuando hay una serie de evidencias, como el intercambio de mensajes entre Collado y Luceño en el que este último confirma la llamada entre Medina y el alcalde.

Nuevo comisionista en juego

Los problemas no acaban aquí. En las últimas horas, ha aparecido el nombre de un nuevo comisionista que también habría metido baza en la compra de material sanitario en uno de los momentos más duros de la pandemia, en pleno confinamiento total. Concretamente, un informe de la Policía Municipal madrileña pone en aviso de otra presunta estafa por parte, en este caso, de un comisionista de los Estados Unidos llamado Phillippe Haim Salomon. Su negocio también fue redondo. Tal como informa eldiario.es vendió un millón de mascarillas por valor de 2,5 millones de euros con una transferencia donde, según la policía, hay posibles delitos contra la propiedad industrial, estafa y contra los derechos de los consumidores. El detalle del escrito es el siguiente: "Tanto los fabricantes como el importador han ofrecido las máscaras haciendo indicaciones que no se corresponden con estos, habiendo generado un perjuicio grave tanto a la Administración como en los usuarios finales".