"La imagen del día del 50º aniversario del Rey firmando el decreto de un conseller en cap y otro huido a Bruselas" se revelaba como la peor de las pesadillas en el Palacio de la Moncloa, según fuentes del Gobierno, si Carles Puigdemont conseguía ser investido. Eso precipitó la fórmula jurídica del recurso "preventivo" ante el Tribunal Constitucional, escándalo que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cubría bajo la capa de la razón de Estado. Pero a pocas horas del pleno de investidura, las alertas se mantienen por el temor de si Puigdemont volverá a driblar al Estado español.

"No se puede garantizar que no haya un intento de investidura telemática en el Parlament", exponían fuentes de la dirección popular este lunes. Estas reconocían que no las tenían todas consigo de que la Cámara vulnerara una sentencia del TC. Eso, pese a que el Alto Tribunal se dictaminó que los diputados en Bruselas no podían delegar el voto ni la sesión se podía celebrar a distancia o por delegación. Por ese motivo, el portavoz de comunicación del PP Pablo Casado elevaba el tono y advertía al presidente del Parlament, Roger Torrent, con la querella contra Carme Forcadell como argumento.

El hecho es que Rajoy habría aprendido de lo que –a ojos de cierta opinión pública– fue el error de haber esperado a la declaración de independencia para aplicar el 155 –mucho después del 1 de octubre y de los días 6 y 7 de septiembre, cuando se validaron las leyes de desconexión en la Cámara catalana–. "En aquel momento no sabíamos qué se votaría", recordaba Casado sobre las cautelas del presidente entonces. Con todo, esta vez el temor era el de tener que suspender la investidura a distancia, dando así alas a la "propaganda" independentista sobre los "derechos vulnerados" a un president revocado a posteriori.

Pero a medida que el proceso soberanista se enquista, se empieza a insinuar otro temor al fondo: la pujanza de Ciudadanos por su tono combativo frente al nacionalismo. "Muchos hubieran dicho que no hemos tomado las medidas previas", exponía el portavoz, en caso de que Rajoy hubiera seguido la doctrina de esperar a que hubiera un acto administrativo –un acuerdo de la Mesa que avalara la investidura telemática. Asimismo, la segunda parte del enunciado se disparaba como un dardo a Cs: "Pero si las medidas salen bien, se las atribuyen, y si no, dicen que mal", denunciaba Casado, pese a negar que la alusión fuese a Albert Rivera.

Así las cosas, el Gobierno vigila por tierra, mar y aire para impedir toda posible llegada de Puigdemont a Catalunya. Santamaría afirmaba al respecto que tanto la pirueta legal, como las acciones de Interior buscaban preservar "el futuro de España". En el PP cerraban filas ante la ofensiva de la Moncloa incluso quienes suelen ser señalados como los futuros aspirantes a liderar la formación. "No se puede delegar en un órgano consultivo el hecho de gobernar", defendía el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a fin de que se intentase todo –también ignorar al Consejo de Estado– para que Puigdemont no fuese "presidente de nada", en palabras de Rajoy.