La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València, María José Catalá, por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. Este caso estaría relacionado con la recolocación de trabajadores del antiguo Consorcio València 2007 en fundaciones municipales y el Puerto de València. Catalá no es el único cargo relevante del PP valenciano investigado por esta cuestión, ya que también se analiza la posible participación de dos concejalas en la capital del País Valencià, Rocío Gil (Deportes) y Paula Llobet (Turismo), así como a la presidenta de la Autoridad Portuaria de València, Mar Chao, y cuatro trabajadores públicos. Cabe recordar que, después de que Carlos Mazón anunciara su dimisión a raíz de la pitada durante el primer aniversario de la DANA, el nombre de Catalá sonaba como un posible relevo del presidente, ya que también es diputada en las Corts Valencianes.  

El grupo municipal de Compromís, partido que gobernaba en València antes del triunfo de Catalá en las elecciones de 2023, presentó en febrero esta denuncia por haber, presuntamente, recolocado personal público. Según un decreto de la Fiscalía del pasado 11 de marzo y que ha trascendido este martes, ya se ha designado el fiscal instructor. La denuncia del partido liderado por Joan Ribó y que ha anunciado que Mònica Oltra será la candidata a la alcaldía de València en las elecciones del próximo mayo, también se incorpora un informe de la Intervención General de la Administración General del Estado contra los procesos selectivos del Puerto de València. Los hechos que están bajo investigación tuvieron lugar la primavera de 2024, cuando se pusieron en marcha diferentes procesos selectivos destinados, supuestamente, a "recolocar" una serie de personas. 

"València no merece volver a esto"

Entre otros elementos, se investiga la contratación de la Fundación Deportiva Municipal, que en abril de 2024 aprobó dos convocatorias de contratación pública para puestos en la dirección del área administrativa y económica. Según Compromís, el Ayuntamiento, encabezado por Catalá, habría maniobrado para colocar a unos empleados procedentes del Consorcio València 2007. La portavoz de este partido en el ayuntamiento valenciano, Papi Robles, ha explicado en un largo hilo que este ente, creado por la misma Catalá para gestionar la polémica Copa América despidió a toda la plantilla, "se activaron siete plazas públicas de manera coordinada, diseñadas a medida para los suyos". "Un notario dejó por escrito, meses antes de resolverse, quién ganaría esas plazas. La Intervención General del Estado certificó que los concursos podrían vulnerar los principios constitucionales de mérito y capacidad", añade la concejala, que asegura que "València no merece volver a esto", en referencia a los casos de corrupción que habían rodeado al partido y al ayuntamiento años atrás.