La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea (CE) investiga la posible ilegalidad de las ayudas económicas que recibió el Consorcio Valencia 2007, participado por el Estado, la Generalitat y el Ajuntament de València, para la celebración de la 32 Copa América de Vela.
El ente que gestionó la competición y que actualmente gestiona la Marina de València recibió del Instituto de Crédito Oficial (ICO) un préstamo de 319 millones de euros con el aval público para pagar las infraestructuras para acoger la trigésima segunda edición de esta competición náutica y que, según ha adelantado el diario digital 'Valencia Plaza', es ahora motivo de la investigación abierta en España.
Según informa EFE, el Consorcio está preparando una respuesta, "coordinada desde la Administración General del Estado, concretamente desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación" ante la solicitud de información de Competencia de la CE "por unas presuntas ayudas al Consorcio Valencia 2007".
La deuda supera los 400 millones de euros
El Consorcio acumula una deuda superior a los 400 millones de euros. La investigación se inició a principios de 2017 y la Comisión Europea cuestiona que el Consorcio haya seguido recibiendo fondos públicos tras el final de la competición y ha solicitado información sobre sus actividades comerciales, la situación financiera, el estado del préstamo o el detalle de las obras que se financiaron, entre otra documentación.
Además, ha detallado que la CE destaca la existencia de "competidores y denunciantes potenciales" de la Marina y considera que la actividad comercial del Consorcio está "supeditada a la normativa comunitaria sobre ayudas estatales" y que los años siguientes a finalizar la competición, la entidad "sigue registrando pérdidas y recibiendo ayuda ilegal a través de aportaciones de capital en curso".
Según han explicado desde el Consorcio, las supuestas ayudas públicas a través del préstamo del ICO "se hicieron en condiciones de mercado para generar las infraestructuras necesarias para acoger un gran acontecimiento, la 32 Copa América, declarado de interés general".
La explotación económica posterior de las infraestructuras, han argumentado, "se hace en régimen de competencia y en ningún caso se puede considerar que haya ayudas de Estado". Las mismas fuentes han indicado que los precios de alquiler de amarres y de espacios para acontecimientos y empresas "se calculan con rigurosos informes financieros y en ningún caso son inferiores a los de otros espacios similares".
Los gestores actuales del Consorcio intentan evitar la posible multa de Bruselas alegando que "La Marina de Valencia tiene un plan estratégico y financiero definido donde se apuesta claramente por la sostenibilidad económica de la entidad"