“Ahora que está de moda hablar de líneas rojas, la línea para los alcaldes y alcaldesas es que ninguna familia vaya a vivir bajo un puente por mucha ley que lo diga”. Lisa y llanamente. Así se ha expresado el presidente de la Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ante la delegación del Gobierno español en Catalunya. Buch, acompañado de unas decenas de alcaldes, ha negado que la queja contra la suspensión de partes de la ley de pobreza energética sea partidista, sino que abarca todas las sensibilidades a nivel local y nacional.

La concentración ha sido impulsada por el alcalde de Sabadell, el republicano Juli Fernández, con la intención de, conjuntamente con sus homólogos a nivel catalán, entregar las copias de los expedientes en riesgo por cuotas sobre vivienda impagadas que ahora quedarán parados. “Miles”, han asegurado diferentes de los concentrados sin saber concretar una cifra.

Este movimiento supone una muestra más del rechazo que ha generado en Catalunya la suspensión de la ley 24/2015 sobre pobreza energética que aprobó el Parlament por unanimidad. Proveniente de una ILP de la PAH, el Observatori DESC y la Aliança contra la pobresa energètica, el organismo judicial evitará que se obligue a los grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales antes de desalojar a personas, que la administración obligue a ceder pisos vacíos durante tres años y que la mediación entre bancos y familias sea obligatoria.

La carga, contra el PP. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha encargado de remarcar la responsabilidad del presidente Mariano Rajoy, a quien quiere hacer llegar la información de que 680 personas, sólo en la capital catalana, están pendientes de cómo se resuelve su expediente. “Hablamos de alquileres sociales, parar desahucios, sanciones a grandes propietarios que habían desahuciado sin ofrecer alquiler social...”, ha explicado. De momento, todo queda paralizado.

Nueva ley

Pero las instituciones catalanas no se quedarán paradas mucho tiempo. Este martes, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya anunció el compromiso de “dejar sin efectos prácticos la suspensión” del TC. Después de una reunión de más de dos horas con alcaldes, grupos parlamentarios, y entidades sociales, se comprometió a la aprobación de una nueva ley inmediata para “sustituir” los elementos caídos.

Mientras tanto, desde la Federació de Municipis, Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, ha dicho que “seguiremos haciendo trabajo pase lo que pase” porque los vecinos nos necesitan. Aunque Moret ha admitido que “ha sido un revés del TC”, ha pedido que “sigamos dando respuesta”.