Alcaldes investigados por el 1-O han entrado un escrito ante la fiscalía pidiendo que se archiven sus causas de manera "inmediata" porque son "uno actuación totalmente desproporcionada". Los alcaldes sostienen, además, que ya se ha superado "con creces" el plazo para presentar denuncia contra ellos.
Además, el escrito sostiene que el decreto que firmaron dando apoyo al referéndum fue "un acto de carácter político", que en ningún caso, "puede interpretarse con términos punitivos". De hecho, sostienen que no hay "ningún indicio" que se hayan cometido delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Entre aquellos que han presentado el escrito reclamando que se archiven las causas para el 1-O está la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas.
Más de 700 investigados
Ahora hace un año, el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó investigar a los 712 alcaldes que habían firmado decretos dando apoyo al referéndum. La instrucción se tradujo en una cincuentena de alcaldes yendo a declarar delante de las fiscalías y también en la apertura de investigaciones por la cesión de locales para el 1-O.
Ahora, diversos de estos alcaldes y alcaldesas han entrado un escrito delante de la fiscalía pidiendo que se archiven sus causas. Al texto, sostienen que todas las diligencias que se han hecho –como mínimo, las pocas que conocen- se enmarcan dentro de una "actuación totalmente desproporcionada".
Además, el escrito recuerda también que se ha superado el plazo para presentar denuncia contra ellos. Inicialmente, los fiscales disponen de seis meses para decidir si salen adelante la investigación o bien archivan la causa; un plazo, sin embargo, que puede alargarse hasta un año. En este caso, sin embargo, la Fiscalía General del Estado es quien tiene que aprobar la prórroga.
"Como sea, no sólo han sobrepasado los seis meses fijados como máximo de las diligencias de investigación, sino también el plazo de un año en el hipotético caso de que se hubiera solicitado, justificado y acordado una prórroga", sostiene la defensa de los alcaldes. Una prórroga, precisa al escrito, "que es de carácter extraordinario y tiene que motivarse no sólo formalmente sino materialmente".
Acto político
El escrito también sostiene que los decretos que firmaron los alcaldes dando apoyo al 1-O "es un acto de carácter político que no puede interpretarse en temas punitivos". Además, el texto también sostiene que no hay "ningún indicio" que los alcaldes cometieran delitos de desobediencia, prevaricación o malversación.