El Ayuntamiento de Badalona ha solicitado formalmente a la Generalitat autorización para intervenir bajo el puente de la C-31 y poder desalojar el asentamiento improvisado que se ha consolidado a rebufo del B9. Se trata de terrenos de dominio de la autopista, de los cuales el Govern es el titular, lo que impide al consistorio actuar directamente sin el permiso previo. Una vez que este miércoles se ha completado el realojo de las personas sin techo procedentes del B9 que se habían trasladado a la zona bajo el puente, el gobierno municipal quiere dejar de hacer la vista gorda con el resto de acampados. El ejecutivo local se remite a la ordenanza de civismo, que prohíbe explícitamente “instalar tiendas de campaña o carpas”, así como impulsar una “acampada organizada” en el espacio público sin permiso.
La prohibición de acampar en el espacio público ya fue el argumento que utilizó el alcalde Xavier García Albiol en las horas inmediatamente posteriores al desalojo de mediados de diciembre, cuando parte de las personas del B9 intentaron instalarse en la plaza situada frente al antiguo instituto. Desde allí fueron desalojadas y finalmente acabaron bajo la C-31. Según las entidades sociales, este espacio se ha convertido en un punto de referencia para la ayuda al sinhogarismo, con reparto de comidas y ropa, lo que ha favorecido la llegada de nuevas personas sin hogar. Desde la plataforma Badalona Acull, que sigue el caso desde el primer momento, calculan que actualmente viven entre una veintena y una treintena de personas en el barrio de Sant Roc, tocando a Sant Adrià de Besòs. El Ayuntamiento, a su vez, sostiene que parte de los acampados provienen de otros municipios y atribuye la situación a un “efecto llamada”.
En cuanto a las personas ya realojadas, la estancia en los recursos temporales se mantendrá todavía durante algunas semanas, a la espera de encontrar soluciones más estables. Mientras tanto, el Departament de Drets Socials trabaja conjuntamente con la delegación del gobierno español para acelerar los trámites de regularización administrativa de las personas migrantes que “cumplen los requisitos”, con el objetivo de que puedan acceder a derechos básicos, trabajo y vivienda en condiciones más dignas una vez superada esta fase provisional.
Paralelamente, el Govern está ultimando un plan para reforzar la red de atención a las personas sin hogar con la voluntad de llegar a unas 5.000 personas en situación de exclusión residencial en un plazo máximo de tres años. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha detallado las líneas maestras de esta hoja de ruta durante el plenario del marco de acción para el abordaje del sinhogarismo en Cataluña. El proyecto prevé incrementar la financiación a los entes locales a través de un nuevo contrato programa y fortalecer la coordinación con ayuntamientos y consejos comarcales. A lo largo de 2026, también se quiere ampliar el número de educadores de calle, las plazas de atención diurna y los recursos de alojamiento de urgencia, al tiempo que se impulsarán pisos de inclusión, dispositivos específicos para mujeres y nuevos equipamientos sociosanitarios en colaboración con el Departament de Salut.